José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado de tener la investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra bajo control. La Fiscalía Anticorrupción y la juez Esperanza Collazos han decidido cortar el circuito interno de información dentro de la Policía Nacional y ordenar que los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) informen directamente al Ministerio Público y al juzgado, sin pasar por sus superiores jerárquicos. Una decisión excepcional, adoptada tras la exclusiva publicada por THE OBJECTIVE sobre la existencia de una «explosión controlada» en el caso, que tiene como objetivo evitar filtraciones y blindar unas diligencias que permanecen bajo estricto secreto de sumario. «Esta decisión se ha tomado gracias a la información publicada, de ahí la importancia del periodismo para realizar denuncias sin sufrir represalias, de lo contrario la investigación habría terminado en aguas de borrajas», señala una fuente policial a este periódico.
Por Teresa Gómez / theobjective.com
La consecuencia inmediata de este movimiento es clara: el comisario Segundo Martínez, hombre de la máxima confianza del expresidente y señalado por distintas fuentes policiales como el responsable de supervisar y modular las investigaciones sensibles que afectan a su entorno, ha quedado al margen de la causa. Y con él, Zapatero. Según ha podido saber en exclusiva THE OBJECTIVE, el exjefe del Ejecutivo desconoce en estos momentos qué líneas concretas se están investigando, qué documentación obra ya en poder de los agentes y hasta qué punto los registros practicados por la Policía el pasado 11 de diciembre pueden comprometerle directa o indirectamente.
Nerviosismo por la documentación incautada
Este cambio ha generado un evidente nerviosismo entre los investigados. Durante los registros practicados el 11 de diciembre en la sede de Plus Ultra y en otros domicilios y despachos vinculados a la trama, la Policía se incautó de abundante documentación comprometedora. Zapatero sigue con especial inquietud el análisis de esos documentos. El expresidente teme que alguno de ellos le señale, ya sea de forma directa o a través de intermediarios, en las gestiones que desembocaron en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), gestionado por la SEPI. Pero, a diferencia de fases anteriores, Zapatero carece ahora de información fiable sobre el contenido exacto de las diligencias, un escenario inédito para alguien que, según fuentes policiales, había demostrado durante años una notable capacidad para anticiparse a los movimientos judiciales.
Otro de los factores que ha disparado la preocupación en el entorno del expresidente es la decisión de la juez Collazos de prorrogar el secreto de las actuaciones, a pesar de que los investigados ya han declarado en sede judicial. Se trata de una medida poco habitual que, según juristas consultados, suele adoptarse cuando el juzgado considera que quedan diligencias sensibles por practicar o cuando la revelación del contenido del sumario podría frustrar nuevas líneas de investigación. La prórroga refuerza la tesis de que la causa está lejos de cerrarse y de que los investigadores manejan hipótesis que aún no han aflorado públicamente.
Cortar el flujo de información
La orden de Anticorrupción y de la magistrada Collazos, que publicó Vozpópuli, supone una ruptura deliberada con el funcionamiento habitual de la cadena de mando policial. Hasta ahora, los informes de la UDEF seguían un recorrido perfectamente definido: ascendían a sus superiores directos, pasaban por la Comisaría General de Policía Judicial y llegaban finalmente a la cúpula operativa del cuerpo. Un circuito que, según fuentes tanto de la Guardia Civil como de la propia Policía Nacional, permitía conocer con antelación el estado de las investigaciones y, en determinados casos, condicionar su desarrollo.
Ese esquema ha quedado en suspenso en el caso Plus Ultra. Los investigadores han recibido instrucciones expresas de no compartir avances, indicios ni documentación con ningún mando intermedio. Solo la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado instructor reciben ya información actualizada. La decisión responde, según las fuentes consultadas, al temor fundado de que haya nuevas fugas de información a los investigados.
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