El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) denunció este lunes 13 de octubre, una nueva ola de persecución y detenciones arbitrarias en el estado Trujillo, cuna del beato José Gregorio Hernández, próximamente a ser santo.
Por: lapatilla.com
Según el comunicado difundido por el Clippve a través de su cuenta en X (antes Twitter), el pasado 12 de septiembre, el Tribunal Especial Tercero de Control con competencia nacional en materia de terrorismo y delincuencia organizada emitió órdenes de aprehensión contra 18 ciudadanos del estado Trujillo, bajo cargos que la organización califica de falsos e infundados, como terrorismo e incitación al odio.
La denuncia señala que esta medida habría sido ejecutada por instrucciones del gobernador Gerardo Márquez, como parte de un patrón sistemático de criminalización del pensamiento crítico y disidencia política en Venezuela.
Los ciudadanos incluidos en la orden de aprehensión son: Juan Gonzalo Torres Polanco. Javier José Romero Briceño. Elizabeth Rodríguez Briceño. Alexander José Suárez Torres. Marjo José Aldana Becerra. Pedro Luis Andrade Hernández. Hommel Rafael Torres Urbina. Carlos Eduardo Carnabuci. Erick Abreu Valero. Javier Jesús Montilla Matheus. Juan Enrique Pérez Quintero. Ricardo José Berríos Ferraro. Luis Daniel Humbría. Jesús Alí Quintero Parra. Lewis José Mendoza Villegas. Jorge Skeeder Hernández Paredes. Vlademir Valera Gelvis y Hernán Ramón Quintero Salas.
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El Comité informó que, hasta la fecha, al menos siete personas han sido detenidas arbitrariamente. Entre ellas figuran médicos, activistas y ciudadanos comunes: Hommel Rafael Torres Urbina, Pedro Luis Andrade Hernández. Juan Torres (médico cirujano cardiovascular) Elizabeth Rodríguez Briceño (médico radiólogo de 63 años) Carlos Eduardo Carnabuci, Alexander José Suárez Torres y Marjo José Aldana Becerra.
Asimismo, otras personas permanecen en desaparición forzada, sin que sus familiares conozcan su paradero ni su estado físico, pese a los intentos por obtener información ante los cuerpos de seguridad.
Los hechos estarían relacionados con la colocación de una pancarta con el mensaje “Vamos a cobrar. 28J Libertad”, que, según el Clippve, constituye una expresión cívica y pacífica del derecho a la participación y la libertad de expresión. Sin embargo, el chavismo la habría usado como excusa para detener y criminalizar a ciudadanos inocentes.
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El caso más emblemático es el del activista Pedro Hernández, detenido junto a su familia el 16 de septiembre. Aunque sus familiares fueron liberados, él continúa tras las rejas.
Por su parte, la médico Elizabeth Rodríguez Briceño, fue detenida junto a su esposo, Juan Torres, quien se encuentra actualmente perseguido por denunciar irregularidades en el Hospital Central de Valera.
“Sippenhaft”: castigo por parentesco y represión política
El Comité alertó que este patrón represivo reproduce prácticas conocidas como Sippenhaft o castigo por parentesco, empleadas por regímenes totalitarios del siglo XX.
“El Gobierno de Gerardo Márquez persigue a familias enteras por el simple hecho de pensar distinto o exigir derechos”, advirtió el comunicado.
Las detenciones han sido ejecutadas por una comisión mixta integrada por funcionarios de la GNB, CONAS, SEBIN, CPET y PNB, sin orden judicial válida, sin presentación inmediata ante un tribunal y sin acceso a abogados ni familiares, lo que constituye violaciones graves de derechos humanos, según los estándares internacionales.
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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela exigió al régimen de Nicolás Maduro: La liberación inmediata e incondicional de los detenidos en Trujillo. La anulación de las órdenes de aprehensión dictadas por el Tribunal 3° de Control. El cese de la persecución política promovida por el gobernador Gerardo Márquez. Información oficial sobre el paradero de los desaparecidos. Acceso a abogados, comunicación con familiares y atención médica adecuada.
Asimismo, hizo un llamado urgente a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), la Cidh y las Relatorías Especiales de la ONU sobre detención arbitraria y desapariciones forzadas, para que documenten y condenen estos hechos, los cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
“El terror de Estado no podrá apagar la fe”
En el cierre del comunicado, el Comité evocó la figura del beato José Gregorio Hernández, recordando que “en la tierra del Médico de los Pobres, hoy se persigue a quienes alzan su voz por la libertad y la dignidad”.
“El terror de Estado no podrá apagar la fe ni el anhelo de justicia de un pueblo que sigue creyendo en el ejemplo de José Gregorio Hernández”, afirmó el Clippve.
También expresaron su esperanza en que el Papa León XIV, desde Roma, y la comunidad internacional eleven su voz solidaria por las víctimas de esta nueva arremetida represiva.
