Smartmatic ha sido sinónimo de polémica desde que, a principios de la década, la hasta entonces desconocida firma tecnológica comenzó a construir el actual sistema automatizado de votación de Venezuela. Sin embargo, casi 10 años después de haber roto sus relaciones contractuales con el Estado venezolano, y en particular con el Consejo Nacional Electoral (CNE), salen a relucir detalles de lo que reclama en el juicio internacional que inició contra sus antiguos socios.
En 2022, la compañía – que se presenta como “una pionera de muchas innovaciones que ahora son esenciales para la tecnología electoral”- interpuso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) una demanda contra la República de Venezuela y la empresa argentina Ex-Clé por “la expropiación ilegal” que sufrió en 2017, exigiendo la indemnización de “una suma entre US$ 1,409,028,546.76 y US$ 1.749.028.546.76; más el equivalente en dólares de EE.UU. de Bs. 7,391,264,334.70”.
En el informe “Smartmatic vs Ex-clé: la sombra sobre el sistema electoral venezolano” Transparencia Venezuela revela el contenido de la querella ante el CIADI, firmada por el grupo británico SGO Corporation Limited.
A continuación, presentamos tres revelaciones que el documento contiene:
1. Las presiones
Las relaciones entre Smartmatic y el CNE se rompieron en agosto de 2017. Esto, luego de que representantes de la firma denunciaran que «hubo manipulación del dato de participación» en el proceso comicial del 30 de julio de ese año, en el que se eligió a los miembros de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.
“Estimamos que la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades es de al menos un millón de votos”, afirmó en esa ocasión, Antonio Mugica, director ejecutivo de la compañía en una conferencia de prensa desde Londres.
La entonces presidenta del CNE, la fallecida Tibisay Lucena, tachó la denuncia de Mugica de «irresponsable» y «sin fundamento», al tiempo que insistió que 8 millones de venezolanos participaron en el proceso; es decir un 41,53% del padrón electoral.
Sin embargo, según la demanda, las autoridades venezolanas no se limitaron a refutar y cuestionar las afirmaciones de Smartmatic. “(Se) inició una campaña de represalia, retaliación, y persecución que aniquiló las operaciones, en su totalidad, de Smartmatic en Venezuela”, denuncian desde la firma en su querella en el CIADI.
¿En qué consistió esa persecución? “(En) el hostigamiento y amenazas contra la seguridad, vida e integridad de sus empleados y bienes, para forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos”, se lee en la demanda.
Y como si lo anterior no fuera suficiente, también se denunció que se registró “la extorsión, asedio y retaliación mediante la falta de cumplimiento deliberada y arbitraria de una serie de pagos contractuales, pagos que se generaron por los servicios que Smartmatic efectivamente prestó a Venezuela”.
Los representantes de Smartmatic aseguraron que estos hechos se produjeron “en represalia directa a la negativa (…) de guardar silencio ante este fraude electoral ejecutado por las autoridades electorales, y las denuncias de los ejecutivos de Smartmatic sobre las irregularidades detectadas en los resultados reportados por dichas autoridades electorales”.
2. El despojo
Pero los ataques, amenazas y hostigamientos denunciados contra los empleados de la firma fueron el preludio para la eliminación de la presencia de Smartmatic en Venezuela. La empresa señala que todos los equipos y los programas que empleaba en las elecciones le fueron arrebatados y comenzaron a ser utilizados por la empresa argentina Ex-Clé, que los empleó en varios procesos electorales celebrados posteriormente.
“Smartmatic no tuvo otra opción sino aceptar bajo amenaza la obligación de proporcionar los certificados de seguridad de su software para las elecciones de octubre y diciembre de 2017. Habiendo informado luego -en un comunicado público- que no daba ninguna garantía de elecciones futuras. Sin embargo, a finales de 2017, Ex-Clé no había firmado los acuerdos de cesión; y Smartmatic no había recibido ningún dinero o pago por concepto de los contratos que ya había cumplido, bajo coacción”, se lee en la querella.
La compañía denunció que sus representantes fueron forzados a firmar 10 contratos en 2018, aunque los mismos fueron datados con fechas anteriores, que eran contrarios a sus intereses, y que tenían una duración determinada. No obstante, esos plazos habían sido ignorados.
“Los contratos establecen claramente que esos certificados expirarían y, sin embargo, Ex-Clé ha continuado explotándolo de manera ilegítima e ilegal gracias a las autoridades de Venezuela, a través de ingeniería inversa”, se agrega en el documento.
Smartmatic acusa a su sucesora de incurrir en delitos a la propiedad. “Ex-Clé ha desarrollado hasta ahora siete procesos electorales en Venezuela. De octubre y diciembre de 2017; mayo y diciembre de 2018; luego de haber usurpado el hardware y software de Smartmatic (con el apoyo de las altas autoridades de Venezuela)”.
Según la demandante, “estas medidas ilegales e ilegítimas, que son equivalentes a una expropiación”, ha sido revestidas de “legalidad” por Venezuela mediante dos estrategias: a través de contratos, suscritos bajo coacción (amenazas y hostigamiento) y bajo la apariencia de que encierran un “negocio” o “transacción” a título “oneroso” o “pecuniario”, para dotarlas de objeto o consideración contractual, donde Smartmatic recibe un “pago” aceptado a su “satisfacción”.
3. Un sistema más débil
En su demanda, Smartmatic arroja más dudas sobre la viabilidad y seguridad del cuestionado sistema automatizado de votación venezolano.
“Con posterioridad a la elección de mayo de 2018, (Smartmatic) fue informada por personal vinculado al CNE, que este organismo había entregado máquinas de votación, software de Smartmatic y versiones anteriores de los códigos de fuente asociados con dicho software a Ex-Clé, y que el CNE había enviado algunos de sus técnicos (previamente capacitados por Smartmatic) a las oficinas de Ex-Clé en Buenos Aires, y estaban realizando ingeniería inversa del sistema de votación de implementado en Venezuela. Tal acción le hubiese permitido al CNE que eliminara todas las salvaguardas antifraude del sistema, así como también que ignorara y sobrescribiera por completo la integridad del sistema de votación implementado en las elecciones presidenciales de mayo de 2018”, se lee en la demanda.
¿Pero qué es Ex-Clé y de dónde salió? Es una empresa que fue fundada en Buenos Aires, Argentina, por los hermanos Eduardo y Guillermo Carlos San Agustín y que opera en Venezuela desde 2004.
En 2006, ganó su primer negocio con el CNE para prestarle servicios de biometría. Dos empresas han brindado soporte técnico para la realización de elecciones: Ex-Clé C.A. y Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A. Están dirigidas por Guillermo Carlos San Agustín (argentino) y Marcos Javier Machado Requena (venezolano).
Con los años Ex-Clé se ha hecho también con contratos para asumir la gestión de los sistemas de recaudación de impuestos de la Alcaldía de Caracas, para el uso de tecnología biométrica en bancos públicos e incluso para la desaparecida criptomoneda pública, el Petro.
De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), entre 2005 y 2023 la empresa Ex-Clé firmó al menos 48 contratos con entes públicos venezolanos, la mayoría con el CNE, bajo la gestión de Tibisay Lucena.
Ex-Clé y sus directivos fueron sancionados por el Gobierno de Estados Unidos en 2020.
