La seguridad jurídica y la propiedad privada son las bases indispensables para el crecimiento socioeconómico, ya que actúan como el motor que genera confianza institucional, atrae inversiones sostenibles y promueve el desarrollo humano integral de un país. Cuando las reglas de juego son claras y los derechos patrimoniales están firmemente protegidos, los ciudadanos y las empresas se sienten seguros para arriesgar su capital, innovar y generar empleo.
La propiedad privada y la seguridad jurídica se han convertido en el centro del debate nacional, al presentarse como prioridades no solo para los actores económicos, sino también para los responsables de la conducción política del país. Existe un reconocimiento de que la política de ocupación de empresas y propiedades privadas solo generó desmejoras y atraso para la nación venezolana. Así lo demuestra la situación actual de numerosas empresas, inmuebles y tierras ocupadas, que hoy presentan un deterioro en su capacidad productiva y en su infraestructura.
Los venezolanos hemos sido testigos de cómo se procedió a ocupar, sin planificación alguna, miles de empresas y propiedades privadas. En muchos casos, quienes asumieron la conducción de estas organizaciones carecían de la capacidad gerencial y de los conocimientos técnicos necesarios para administrar el conglomerado empresarial público que se había conformado tras despojar a sus legítimos propietarios, sin ofrecerles compensación alguna.
Esta política ocasionó pérdidas patrimoniales a miles de familias que habían dedicado años de trabajo y esfuerzo a desarrollar empresas y fincas, convirtiéndolas en centros de actividad económica y generadores de empleos bien remunerados.
La vocería de los venezolanos afectados ha mantenido el reclamo de sus derechos a través de los gremios empresariales, ante la falta de protección efectiva por parte del sistema judicial, a pesar de las garantías contempladas en el marco jurídico vigente en el país. Fueron cientos las diligencias jurídicas emprendidas que no encontraron la debida acogida en los tribunales de la República.
Uno de los aspectos más preocupantes fue la aplicación de disposiciones arbitrarias, como la Ley de Tierras, que permitió el despojo de casi seis millones de hectáreas pertenecientes a propietarios privados, así como la pérdida de los cuantiosos recursos públicos destinados a incrementar la producción y generar empleos en las zonas rurales del país.
Una situación similar ocurrió con las empresas privadas afectadas y los inmuebles ocupados. Ha sido una triste experiencia para los venezolanos comprobar cómo la producción nacional disminuyó en las distintas actividades económicas en las que se sustituyó la gestión privada por una gerencia pública, cuyos resultados están hoy a la vista.
En la actualidad, el principal reto para la recuperación económica de Venezuela es la devolución de las propiedades privadas confiscadas, así como la consolidación de un modelo económico sustentado en la seguridad jurídica y en la garantía de que el Estado respetará y mantendrá el marco legal necesario para el adecuado funcionamiento de la actividad económica.
La seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada no son obstáculos, sino condiciones indispensables para recuperar la confianza, reactivar la producción, generar empleos y sentar las bases del crecimiento socioeconómico de la nación.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.
