Las imágenes de Delcy Rodríguez sobre una tarima evocan una práctica que marcó los años de Nicolás Maduro: proyectar alegría desde el poder mientras los ciudadanos soportan una crisis que exige respuestas, responsabilidades y cambios profundos.
Nicolás Maduro bailaba. Lo hacía en tarimas, durante actos políticos y frente a las cámaras de una maquinaria propagandística empeñada en transmitir entusiasmo. Mientras tanto, en otra Venezuela, una madre buscaba medicamentos, un estudiante temía ser detenido y una familia decidía qué vender para financiar su salida del país.
Ese contraste quedó grabado en la memoria nacional. Para muchos venezolanos, aquellos bailes representaban la distancia entre quienes ejercían el poder y quienes sufrían las consecuencias de sus decisiones.
Ahora, las imágenes de Delcy Rodríguez cantando y bailando junto al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, vuelven a abrir esa herida. La escena plantea una cuestión que trasciende el gesto: ¿puede hablarse de una nueva etapa cuando el poder conserva las mismas formas de relacionarse con el sufrimiento ciudadano?
El 27 de octubre, en Guacara, Rodríguez combinó promesas de recuperación eléctrica con canciones y baile. Un día antes había calificado de “show” el regreso de María Corina Machado. La contradicción es evidente: cuestionó el espectáculo de su adversaria y recurrió después a una puesta en escena musical para proyectar cercanía popular.
Los actos públicos forman parte de la política. Pero sus protagonistas deben comprender el contexto en el que ocurren. En una sociedad golpeada por años de privaciones y por una devastadora emergencia reciente, la celebración oficial puede transmitir una desconexión profunda con la vida cotidiana.
Una memoria de represión y pérdidas
Durante los años de Maduro, estudiantes, dirigentes políticos, trabajadores y ciudadanos que reclamaban cambios fueron víctimas de detenciones arbitrarias, persecución y graves violaciones de derechos humanos. Las denuncias trascendieron las fronteras y quedaron documentadas por organismos internacionales.
Detrás de cada expediente existe una historia: una madre esperando noticias frente a una cárcel, una familia buscando un abogado, un joven cuya vida cambió después de una protesta.
Al mismo tiempo, el deterioro de los servicios públicos convirtió necesidades elementales en desafíos diarios. Conseguir agua, conservar alimentos o recibir atención médica pasó a depender, demasiadas veces, de la capacidad de cada familia para resolver lo que las instituciones habían dejado de garantizar.
Los apagones fueron especialmente crueles. Para un comerciante podían significar la pérdida de su mercancía; para una familia, quedarse sin los alimentos comprados con enormes sacrificios; para un paciente, la interrupción de un tratamiento indispensable. Las denuncias sobre muertes vinculadas a fallas eléctricas y dificultades para recibir diálisis siguen formando parte de una memoria sanitaria que merece justicia y esclarecimiento.
También está la emigración. Millones de venezolanos abandonaron su país, separaron sus hogares y buscaron oportunidades lejos de sus afectos. Muchos se expusieron a rutas peligrosas, a la explotación y al desamparo.
Mientras esa Venezuela acumulaba pérdidas, el poder insistía en exhibir normalidad. Por eso aquellas tarimas adquirieron un significado político: se convirtieron en el símbolo de una dirigencia que parecía celebrar al margen del dolor nacional.
Delcy y la responsabilidad de la continuidad
Tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Estados Unidos en enero de 2026, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina. Ese cambio modificó la conducción del Ejecutivo, pero dejó pendiente una discusión esencial: la responsabilidad de quienes participaron durante años en las decisiones del mismo gobierno.
Rodríguez fue vicepresidenta y una figura central de esa estructura. Su trayectoria obliga a evaluar con rigor cualquier discurso de renovación.
Puede anunciar acuerdos, promover inversiones y comprometerse con la recuperación. Cada medida deberá juzgarse por sus resultados. Pero la credibilidad de ese proceso exige reconocer responsabilidades y explicar por qué un país con tantos recursos llegó a semejante deterioro.
Quienes ejercieron el poder durante la crisis tienen una obligación especial de rendir cuentas cuando prometen superarla.
Hablar de reconstrucción implica abrir los presupuestos al escrutinio público, permitir investigaciones independientes y establecer metas que los ciudadanos puedan verificar. También exige reconocer a las víctimas y garantizar que nadie vuelva a ser perseguido por reclamar sus derechos.
Un nuevo vocabulario no resuelve esas obligaciones.
La tragedia exige sensibilidad y gestión
Los terremotos de junio agravaron las necesidades de un país que ya arrastraba profundas carencias. Las muertes, las viviendas destruidas y los daños en centros de salud impusieron una tarea urgente de atención, recuperación y acompañamiento a las familias.
Una emergencia de esa magnitud exige información confiable, administración transparente de los recursos y presencia sostenida en las comunidades afectadas.
En ese contexto, las imágenes festivas del poder deben ser examinadas por lo que comunican. Los damnificados necesitan soluciones habitacionales. Los pacientes necesitan hospitales operativos. Las comunidades necesitan agua y electricidad. Todos tienen derecho a conocer los avances, los retrasos y los responsables.
En Guacara, Rodríguez pidió oraciones para que entrara en funcionamiento una unidad de Planta Centro. La fe puede acompañar a una sociedad en momentos difíciles. A las autoridades les corresponde, además, presentar soluciones técnicas, asegurar mantenimiento y cumplir plazos.
Cada hora sin electricidad tiene consecuencias sobre la salud, el empleo y la alimentación. Gobernar exige comprender ese costo y actuar en consecuencia.
El país pertenece a sus ciudadanos
Venezuela necesita abandonar la concepción del Estado como patrimonio de una organización política. Ninguna dirigencia posee un derecho permanente a administrar el país ni puede presentarse como la única capaz de garantizar su estabilidad.
El poder público pertenece a los ciudadanos. Su ejercicio debe estar sometido a la voluntad popular, a la ley y al control de instituciones independientes.
La recuperación económica necesita esas garantías. Las inversiones requieren seguridad jurídica; los trabajadores, oportunidades; las familias, servicios; los jóvenes, educación y razones para construir su futuro en Venezuela.
La competencia profesional y la honestidad deben volver a ser criterios centrales de la administración pública. El país dispone de hombres y mujeres capaces de asumir esa tarea dentro y fuera de sus fronteras. Abrirles espacio exige superar la subordinación de las instituciones a la lealtad partidista.
La comparación entre Maduro y Rodríguez encuentra allí su sentido más profundo. Ambos deben ser examinados por su relación con el poder, por sus responsabilidades y por las respuestas ofrecidas a una sociedad exhausta. El baile es apenas la imagen que concentra esa discusión.
Prohibido olvidar
Venezuela tiene derecho a recordar. Tiene derecho a preservar los testimonios de la represión, las historias de los hospitales, las pérdidas de los emigrantes y el sufrimiento de quienes permanecieron.
Esa memoria debe traducirse en investigaciones, responsabilidades individuales y justicia con debido proceso. Debe servir para impedir que los abusos se repitan y para enseñar a las próximas generaciones cuánto cuesta perder los límites democráticos del poder.
Los venezolanos merecen autoridades que comprendan la gravedad del momento. Dirigentes que escuchen, rindan cuentas y midan su gestión por las condiciones de vida de la población.
La reconstrucción será creíble cuando pueda sentirse en una casa con agua, en un hospital equipado, en una escuela que funcione y en un ciudadano que pueda expresarse sin miedo.
Maduro bailaba. Delcy también.
Venezuela sigue esperando respuestas.
Prohibido olvidar.
