La ONG Provea denunció la noche del lunes 19 de enero, a través de su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), los retrasos en las excarcelaciones de presos políticos que habían sido prometidas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero. En esa oportunidad, Rodríguez aseguró que se estaba liberando a un número significativo de personas detenidas por motivos políticos.
Por: lapatilla.com
Según Provea, desde el anuncio de Jorge Rodríguez, decenas de familiares han pasado horas de incertidumbre frente a diversos centros de reclusión en el país, esperando la liberación de sus seres queridos.
Sin embargo, tras más de una semana, el número de excarcelaciones documentadas por familiares y organizaciones no gubernamentales ha sido escaso, prolongando la angustia de las familias y revictimizando a quienes han sufrido abusos estatales durante meses o incluso años en prisión.
La ONG enfatizó que un gesto inequívoco de compromiso con la convivencia y la reconciliación anunciado por la administración debería reflejarse en certezas claras sobre el avance y concreción de las liberaciones.
Asimismo, Provea exigió a las autoridades que se abstengan de seguir con dilaciones indebidas y procedan a liberar de manera inmediata a todos los presos políticos.
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Además, solicitó información transparente y desagregada sobre cada excarcelación, incluyendo: Nombres de las personas liberadas. Centro de reclusión donde estaban detenidas. Condiciones de salud actuales. Cuerpo policial o militar que realizó la detención y los delitos imputados. Estatus de las causas penales y condiciones procesales en las que se efectuó la liberación.
“Estos elementos no solo brindarían certezas a las familias, sino también a la sociedad en general, y representarían un primer paso importante hacia la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas”, indicó la ONG.
La situación de los presos políticos en Venezuela sigue siendo motivo de preocupación nacional e internacional, y Provea insta al chavismo a cumplir con sus compromisos y garantizar los derechos humanos de las personas detenidas por razones políticas.
