La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) advirtió este jueves 12 de noviembre que la permanencia de presos políticos en Venezuela constituye un obstáculo para la transición democrática, luego de denunciar nuevas restricciones contra el abogado Perkins Rocha, a quien funcionarios policiales comenzaron a impedirle recibir visitas en su vivienda de Caracas pese a encontrarse bajo arresto domiciliario.
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La organización opositora fijó su posición mediante un comunicado publicado en X, donde vinculó las garantías de una eventual apertura política con el respeto a los derechos fundamentales de las personas detenidas por motivos políticos. La exigencia abarca tanto al dirigente de Vente Venezuela como a otros ciudadanos que continúan privados de libertad.
“No puede haber una verdadera transición a la democracia mientras haya presos políticos. La libertad de TODOS es una condición indispensable para avanzar hacia la reconciliación y la reconstrucción democrática de Venezuela”, sostuvo la coalición en su pronunciamiento.
La declaración llegó después de que Rocha denunciara el miércoles 11 de noviembre una nueva orden de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para controlar el ingreso de personas a su residencia. El abogado permanece allí bajo vigilancia electrónica desde que abandonó El Helicoide en febrero, sin que la medida de arresto domiciliario haya significado el cierre de su proceso judicial.
En ese contexto, la PUD afirmó que “rechazamos la sistemática violación de los derechos humanos del Dr. Perkins Rocha, quien permanece injustamente privado de libertad bajo régimen de detención domiciliaria y que, desde el día de ayer, está siendo sometido a nuevas e ilegales restricciones que impiden el acceso de visitas a su residencia”.
Uno de los episodios que evidenció el alcance de la medida ocurrió cuando Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, intentó visitar al dirigente opositor. La funcionaria no pudo ingresar a la vivienda debido al control policial.
La defensa de Rocha también acudió a las instancias judiciales para esclarecer lo ocurrido. El abogado Omar Mora Tosta solicitó explicaciones sobre la prohibición y recibió la confirmación de que el tribunal encargado del expediente no había dictado ninguna orden que restringiera las visitas.
Las actuaciones policiales fueron igualmente cuestionadas por María Constanza Cipriani, esposa del dirigente, quien denunció obstáculos para el acceso de personas a la residencia.
La Plataforma Unitaria extendió su reclamo al resto de los detenidos por razones políticas y señaló que “Perkins Rocha debe ser liberado de inmediato, al igual que los casi 400 presos políticos que aún permanecen privados de libertad”.
