La familia de Ricardo Rafael Castillo Garriga, ex administrador de la Gobernación del estado Apure, solicita la revisión de la condena de cinco años y seis meses de prisión que cumple por apropiación o distracción de patrimonio público y agavillamiento. El caso está relacionado con la desaparición de una caja fuerte en la que habría 120 mil dólares para la reparación en un puente, aunque otras fuentes estiman que el dinero provenía de lo recaudado en una estación de servicio manejada por la Gobernación de Apure.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Nunca hubo explicación por parte de la administración del entonces gobernador Eduardo Piñate de por qué se guardaba tal cantidad de efectivo en una caja fuerte de la gobernación ni de dónde provenía el dinero; tampoco hubo respuesta qué pasó con todo el aparato de seguridad que hay en la sede de la Gobernación para que desapareciera la caja fuerte y todo su contenido.
Ana Beatriz Laya Flores, esposa de Ricardo Castillo dijo, en conversación con Infobae, que el 26 de junio 2023 Castillo advirtió que la caja fuerte había desaparecido de su oficina, por lo que intentó comunicarse con su superior, la secretaria ejecutiva de la Gobernación, pero no obtuvo respuesta, por lo que hizo la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Mientras se encontraba activando la investigación, Castillo habría recibido instrucciones de regresar a su oficina, con el mensaje de que la situación se resolvería. Al llegar, relata Laya, a su esposo lo esperaban funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes lo retienen bajo investigación. La denuncia que había realizado ante el CICPC fue desestimada.
Sostiene que su esposo permaneció varios días sin acceso a un juez ni a sus abogados, hasta la presentación judicial, el 01 de julio 2023, en la que le dictaron privación de libertad. En ese caso también fue detenido Miguel Eduardo Mirabal Díaz, asistente y persona de confianza de Castillo; los dos admitieron los hechos presuntamente bajo presión, porque el proceso habría estado marcado por decisiones políticas y las nulidades promovidas por sus abogados fueron desestimadas.
La causa, identificada con el número 2G-00667-2026, se encuentra en el Tribunal Segundo de Ejecución de San Fernando de Apure, a cargo de la jueza Fanny Córdova. Castillo permanece recluido en el centro penitenciario “26 de Julio”, en San Juan de los Morros, estado Guárico.
La admisión de los hechos se habría producido en un contexto de indefensión y presión, porque la jueza les hizo advertencias de que el juicio sería largo, que no podrían ganar frente al Gobierno y que se exponían a una pena de al menos quince años, frente a cinco años si admitían los cargos.
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