Abigail lleva 28 años trabajando como doctora en el Ministerio de Salud (Minsa). Ha vivido “tantos cambios administrativos” durante todo ese tiempo que “ya no recuerda ni cuántos han sido”. Pero el ultimátum que recibió hace una semana la dejó “en shock”: José Humberto Murillo Aguilar, director general de Recursos Humanos del sistema de salud público, le daba hasta este 25 de noviembre de 2025 para que presente ante la Controlaría General de la República (CGR) una declaración patrimonial a fondo, desde sus propiedades, vehículos, cuentas bancarias y préstamos.
Por Wilfredo Miranda Aburto | EL PAÍS
“Y no sólo eso, también debemos declarar los bienes y cuentas bancarias de los cónyuges y los bienes a nombre de los hijos menores de edad. Es un afán de tenerlos controlados por todos lados”, lamenta la médica, quien pide anonimato para evitar represalias por parte del régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Pero así estamos en Nicaragua, ¿qué podemos hacer? Nada. Si uno reclama pierde el trabajo o termina en la cárcel… Toca ceder”, agrega Abigail, resignada.
Esta doctora del Minsa estaba esquivando reportarle al aparato gubernamental a las órdenes de los dos caudillos autoritarios su patrimonio, después que en febrero pasado la Administración sandinista girara una circular que obliga a todos los trabajadores estatales a reportar sus patrimonios personales. Eso, a pesar de que la Ley 438 o de Probidad de los Servidores Públicos establece esa obligación sólo para “empleados de alto rango que tengan a su cargo la administración de un patrimonio público, o la recepción, el control o fiscalización de los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza u origen”. La normativa, en vigencia desde 2002, establece en su artículo 20 que “todo servidor público del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir el cargo y después de entregarlo”.
“Pero yo, que soy una simple doctora general, ¿qué gran patrimonio puedo tener, más que lo ganado a pulso durante todos estos años de sacrificio, desvelo y entrega al Minsa?”, dice Abigail en conversación con EL PAÍS. Bajo esa lógica, la doctora se negó a informar sobre su patrimonio, cuyo valor principal es la casa donde habita con su familia, y cuya hipoteca terminó de pagar hace apenas un par de años junto con su esposo.
El diario Confidencial fue el primero en informar sobre esta circular obligatoria sobre el patrimonio de los empleados estatales. De acuerdo con la publicación, una buena cantidad de trabajadores estaban evitando informar sobre sus patrimonios personales. Ante eso, las instituciones emitieron este ultimátum que deja sin posibilidad de esquivar más la orden emanada desde la copresidencia Ortega-Murillo.
“Mire, se lo voy a decir claro, el trabajador público es rehén de este sistema. Lo que pasa es que vivimos amenazados y no podemos protestar. O sea, ya nos tienen vigilados día y noche, ahora nos espían las comunicaciones, nos obligan a participar en actos partidarios y no basta… Ahora quieren saber qué tenemos para que el día que nos quieran purgar sabrán que nos pueden quitar, confiscar”, plantea Abigail.
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