Nunca olvido la impresión que me produjo aquel descubrimiento en la biblioteca de mi padre Rubén Farías. Era un mueble viejo, estrecho, herencia de mi abuela Blanca, arrimado en el corredor del fondo de la casa, donde el olor del papel envejecido —esa mezcla de polvo, tinta y tiempo— se mezclaba con la devoción de quien guarda un libro no como objeto, sino como reliquia. Él, que nunca militó en las filas de Acción Democrática —el partido que se alzó contra la dictadura— ni comulgó con sus consignas, conservaba sin embargo un ejemplar de Venezuela, política y petróleo de Rómulo Betancourt en el espacio más alto, junto a los tomos de Guillermo Morón, las novelas de Rómulo Gallegos, las poesías de Andrés Eloy Blanco, el clásico de Eduardo Blanco y la Historia Constitucional de Gil Fortoul, entre otros. Abajo, una montaña de novelas de vaqueros de Marcial Lafuente Estefanía con las que papá calmaba su apasionado gusto por la lectura. Aquel libro no era para mi padre un texto político, sino un documento sagrado que exigía altura de respeto.
Recuerdo las páginas cuajadas de subrayados a lápiz, con esa caligrafía exquisita y menuda que no dejaba margen sin anotación. Pero lo que más me marcó fue un epígrafe trazado en la guarda posterior con tinta negra, ya gris por los años: “Max Valladares (1910): el testaferro de Gómez”. Hoy, al ver los titulares de este septiembre de 2026 —los diecisiete campos petroleros, los sesenta y cinco mil millones de barriles, los cien años de concesión—, comprendo que mi padre no estaba haciendo profecía. Estaba leyendo la estructura. Y yo, décadas después, me atrevo a completar su anotación: “y Alejandro Betancourt (2026): el tránsfuga al servicio de Rubio, un mismo fantasma”.
Allí, en esas páginas que mi padre subrayó, Rómulo Betancourt —el ideólogo que consagró la soberanía del subsuelo como dogma continental— erigió a Valladares en el arquetipo del entreguista: un abogado sin mayor fortuna que, en 1910, recibió del general Juan Vicente Gómez, el dictador que gobernó Venezuela con puño de hierro durante tres décadas, una extensión descomunal de tierra para cederla, cuatro días después, a la New York and Bermúdez Company. La segunda concesión, la de 1912, abarcaba veintisiete millones de hectáreas y fue transferida en apenas dos jornadas a la Caribbean Petroleum. Betancourt calificó aquel acto como “uno de los más escandalosos ataques de la industria petrolera internacional”.
Pero el oficio de intermediario, para ser ejercido con la frialdad que exige el expolio, requiere una particular disposición del alma. Quien firma la cesión de un país no solo negocia contratos; negocia su propia pertenencia al mundo. El testaferro es un hombre sin bandera que cree haber comprado la inmortalidad con las migajas del banquete, pero su condena es perpetua: es despreciado por los que lo usan y aborrecido por los que saquea. Valladares murió en el olvido, con su nombre convertido en sinónimo de traición; Betancourt, a juzgar por los expedientes abiertos en tres continentes, habita ya el mismo purgatorio, aunque su traje esté mejor cosido y sus abogados sean más caros. No se trata de demonizar a un hombre ni de canonizar a otro, sino de reconocer que el mecanismo de la intermediación consentida es una constante estructural que sobrevive a cualquier ideología.
Porque si la concesión Valladares fue un latifundio de papel, el acuerdo de 2026 es un condominio perpetuo sobre la sangre misma de la nación. Lo que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta encargada, presentó como un convenio bilateral de veinticinco años para “revitalizar” la industria petrolera ha resultado ser, según los detalles desclasificados por la Casa Blanca, una cesión de soberanía energética por un siglo entero: derechos por cien años sobre diecisiete campos con reservas probadas de sesenta y cinco mil millones de barriles, equivalentes al 21,5 % del patrimonio certificado. La distancia entre el relato oficial del régimen y la letra pequeña del pacto no es un simple matiz: es un abismo. El tiempo, en Venezuela, ha dejado de ser una flecha para volverse un bucle.
Pero lo más grave no es la duración, sino quién controla realmente el negocio. El Pentágono, a través de su Oficina de Activos Estratégicos, obtiene un treinta y cinco por ciento de participación accionaria en la matriz de NABEP sin costo alguno para el contribuyente estadounidense. El Departamento de Estado tendrá garantizado el derecho a comprar el veinte por ciento de toda la producción a precio de costo, además de una opción preferente sobre el ochenta por ciento restante. El gobierno estadounidense dispondrá de poder de veto sobre los miembros de la junta directiva, y la mayoría de estos deberán ser ciudadanos estadounidenses. Cualquier pleito jurídico será resuelto en los tribunales estadounidenses, según lo dicho en la Ley Orgánica de Hidrocarburos recién modificada por la ilegítima Asamblea Nacional regentada por Jorge Rodríguez, el hombre fuerte del parlamento. ¿Dónde queda la soberanía que tanto invocó Rodríguez?
Washington no ha tenido reparos en calificar el pacto como una operación para asegurar su dominio energético durante el próximo siglo. La Casa Blanca presume además de haber restablecido la Doctrina Monroe —el principio decimonónico de que América es para los americanos, ahora leído en clave extractivista— con este acuerdo, cuyo objetivo explícito es desplazar a empresas rusas, chinas y vinculadas al chavismo de los campos venezolanos. El crudo venezolano servirá para reponer la Reserva Estratégica de Estados Unidos, en su nivel más bajo en cuatro décadas, y para abastecer refinerías estadounidenses. La empresa concesionaria, NABEP, pertenece al millonario venezolano Alejandro Betancourt, investigado en Suiza y España por su presunta participación en un esquema de lavado de miles de millones de dólares procedentes de PDVSA. El mismo Betancourt que, según la Casa Blanca, ya es el segundo mayor operador en Venezuela después de Chevron.
Para ser justos, el contexto geopolítico importa. Washington no ve este acuerdo como una cruzada democrática, sino como una pieza en el tablero del pospetróleo y la contención de China en el hemisferio. Caracas, por su parte, lo concibe como la moneda de cambio para respirar en medio del colapso absoluto y comprar impunidad por sus crímenes. Pero ni la realpolitik norteamericana ni la emergencia venezolana justifican la opacidad del contrato —que no ha llegado a la Gaceta Oficial—, ni el silencio sobre el beneficiario final, ni la cesión de un recurso que debería ser garantía de futuro, no botín de presente. El pacto ha generado cuestionamientos incluso dentro de las propias bases del oficialismo; hasta la representante republicana María Elvira Salazar y diversos analistas han advertido sobre su inconstitucionalidad. Quienes señalan que el riesgo país, de 71,93 puntos porcentuales, impide la inversión de las petroleras de primer nivel, dejan en evidencia que reactivar la producción tomará años. Pero la pregunta que queda flotando es más política que técnica: ¿Puede un gobierno interino entregar por un siglo los recursos de una nación sin un mandato popular que lo respalde? ¿Y qué validez tendrá este contrato ante un eventual gobierno distinto, que podría repudiarlo?
La ironía, en este punto, se vuelve espesa como el crudo de la Faja. Mientras el secretario de Estado Marco Rubio, el emisario del imperio, sale a quebrar lanzas en favor de Alejandro Betancourt, alegando que no tiene causas pendientes en el sistema judicial estadounidense, en Suiza y España los procesos penales siguen su curso.
En tanto, Delcy, que no es sino la voz que regresa de un desfiladero donde solo se escucha a Rubio, afirmó que Alejandro Betancourt carece de causa abierta en Venezuela. Olvidó decir, sin embargo, que la justicia no es un expediente que se acumula en los anaqueles del olvido, sino un rumor que se desvanece entre los pasillos del poder. ¿Cómo tener una causa si el derecho se ha convertido en un eco de sí mismo, en una sombra que persigue a quien la invoca? La pregunta flota, sin respuesta, mientras el sistema se enreda en sus propias contradicciones, y la verdad, como un fantasma, se desplaza entre los escombros de lo que alguna vez fue una promesa. No hay caso porque no hay tribunal; no hay tribunal porque la ley se ha vuelto una ceniza que el viento dispersa. Y así, el silencio de la funcionaria no es olvido, sino la confirmación de que en este país la justicia es una palabra que se pronuncia para que nadie la escuche.
La cortina de humo se llama normalización, pero detrás solo se ve la misma mano que en 1912 tomó las concesiones de Valladares; solo que ahora, el testaferro no es un abogado de Caracas, sino un empresario global cuyos activos fueron registrados en Barbados el mismo día en que firmó los contratos con la estatal venezolana, mientras la regalía efectiva apenas alcanza los 3,22 dólares por barril —menos de la mitad de lo que se pagaba en los tiempos de Gómez.
¿Qué habría dicho Rómulo Betancourt al ver estas cifras, al leer el informe de Brian R. Naranjo que documenta la presión diplomática de Washington sobre Berna, Suiza, al saber que el despojo se realiza con la bendición de una potencia extranjera y el pretexto de una transición democrática que nadie ha escrito ni firmado? Pero sería un error convertir al propio Rómulo Betancourt en un profeta inmaculado. El líder adeco tuvo aristas incómodas en su relación con el capital extranjero durante el trienio, y su doctrina soberanista no siempre fue traducida en hechos sin fisuras. Sin embargo, su mérito fue erigir un principio irrenunciable: el cese radical del sistema de concesiones. Lo que hace tan amarga esta hora es que ese principio, forjado en las luchas de 1945 y en la fundación de la OPEP —el cartel que dio voz a los países productores frente a las siete hermanas—, ha sido vulnerado con un cinismo que ni siquiera el régimen de Gómez se atrevió a formalizar. Su sentencia, estoy seguro, no sería un epitafio para un gobierno, sino para toda clase política que confunda la urgencia con la entrega: “El petróleo no es mercancía, es patria, y la patria no se concesiona, se hereda”.
Delcy Rodríguez agradeció a Trump y a Rubio por el esfuerzo para alcanzar el pacto. Tal vez debería agradecerles también por haber revelado, en su propia hoja informativa, la dimensión real de lo que ha firmado. La Casa Blanca no solo desclasificó los detalles del acuerdo: desenmascaró la narrativa edulcorada del régimen y exhibió ante el mundo la verdadera naturaleza de un negocio que, más que una alianza, parece una entrega. El petróleo venezolano, que alguna vez fue símbolo de soberanía y orgullo nacional, ahora es moneda de cambio para asegurar el dominio energético de una potencia extranjera. Y Delcy Rodríguez, que prometió defender los recursos de su país, ha terminado siendo la administradora de su cesión.
La historia, decía el cronista, no se repite como farsa, sino como saqueo con distinto atuendo. En 1910, Valladares fue el instrumento; en 2026, Alejandro Betancourt ocupa ese lugar. Detrás de cada pliego sellado que venía de Washington, detrás de cada firma forzada, detrás de cada decreto obedecido con lentitud, crecía un germen. Una semilla plantada en el acto insólito de entregar lo que no se posee. Una brasa avivada por el silencio. Un principio sin nombre, pero no sin causa. Si el fantasma de Rómulo Betancourt recorriera el llano, no vendría a bendecir la memoria, sino a advertir que la soberanía no se negocia, y que el petróleo, cuando se entrega sin resguardo, condena a una nación a repetir eternamente su propia derrota. Porque cuando firman por Venezuela, firman por el futuro de todos los pueblos que aún creen que su subsuelo les pertenece.
