El dirigente guayanés Hugo Maestre dijo que únicamente autoridades representativas, sujetas al control parlamentario y al imperio de la ley, tendrán la solvencia ética y legal para sellar acuerdos duraderos.
La imperiosa necesidad de Venezuela de reactivar y comercializar sus recursos energéticos no puede convertirse en un cheque en blanco para el cinismo geopolítico ni para transacciones opacas, comentó el dirigente guayanés.
El tablero actual revela una peligrosa convergencia de intereses donde la legalidad y los valores democráticos han quedado subordinados a la conveniencia de unos pocos.
Por un lado, en Washington coexiste una corriente de poder nucleada en el movimiento MAGA que, si bien ostenta una notable fuerza económica y financiera, opera con una lógica transaccional ajena a los ideales republicanos e institucionales que históricamente representaron el liderazgo estadounidense.
Por el otro, en Caracas, una élite afianzada tras comicios viciados y con un déficit estructural de legitimidad parece haber encontrado en ese pragmatismo exterior un canal de entendimiento tácito para preservar el poder a cambio de concesiones estratégicas.
Según Maestre el síntoma más alarmante de este esquema. es la delegación del patrimonio nacional en manos de intermediarios sin credenciales técnicas, industriales o empresariales legítimas.
“Transferir facultades sobre la explotación petrolera a figuras improvisadas, cuyos mayores méritos radican en la cercanía al poder y la creación exprés de firmas opacas en paraísos fiscales como Barbados, no constituye apertura económica, sino un acto de irresponsabilidad soberana” denuncio Maestre.
Resulta desconcertante que corporaciones de esta naturaleza busquen articular alianzas con estamentos de seguridad como el Pentágono, afirma Si una potencia madura avala operaciones de esta índole, no solo compromete su estatura moral global al prestarse a lo que se percibe como el despojo de un país vulnerable, sino que debilita el estándar institucional del orden internacional.
Venezuela necesita y debe vender su petróleo, y Estados Unidos es un mercado natural e histórico. Sin embargo, este intercambio no puede ser el resultado de componendas entre bambalinas suscritas por aventureros de turno. Un recurso que pertenece a todos los venezolanos demanda acuerdos de Estado, no pactos de camarilla.
Para que cualquier convenio petrolero y la impostergable renegociación de la deuda externa gocen de validez jurídica internacional y beneficio social, Venezuela debe primero rescatar su institucionalidad, agregó.
Esto solo es viable mediante elecciones auténticas, competitivas y transparentes que elijan a gobernantes con mandato legítimo, únicamente autoridades representativas, sujetas al control parlamentario y al imperio de la ley, tendrán la solvencia ética y legal para sellar acuerdos duraderos porque cualquier otra vía no es más que la venta a precio de saldo del futuro venezolano, concluyó.
