David Alandete, corresponsal español en la Casa Blanca, publicó el pasado sábado una nueva edición de Informe Alandete en YouTube, donde detalló el cambio radical en la política exterior de la administración del presidente estadounidense Donald Trump hacia Venezuela, pasando de las sanciones a una asociación directa en la explotación petrolífera.
La administración Trump ha ejecutado un viraje de 180 grados respecto a su postura inicial de embargo y las pasadas sanciones contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Mientras antes se utilizaba el acceso al sistema financiero estadounidense como herramienta de presión, la Casa Blanca defiende ahora una participación directa en la estructura empresarial venezolana. Este cambio no es solo defendido por el presidente, sino por figuras clave como el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, quienes presentan el pacto como una necesidad histórica para la estabilidad energética de Estados Unidos.
Según el criterio de David Alandete, el catalizador de esta decisión fue el estallido del conflicto con Irán el 28 de febrero. Los bombardeos y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz dispararon los precios de la gasolina, evidenciando la vulnerabilidad energética estadounidense. Ante esta crisis, Washington identificó en las reservas venezolanas —las más grandes del mundo y geográficamente cercanas— la solución para reducir la dependencia de regiones políticamente volátiles, incluso si esto implica negociar con la cuestionada administración chavista de Delcy Rodríguez.
Lo más disruptivo del acuerdo no es solo la vuelta de las petroleras estadounidenses, sino la entrada directa del Gobierno de Estados Unidos en la gestión de los pozos. A través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, Washington adquiere el 35% de la empresa gestora y se asegura el 20% de la producción de 17 campos petrolíferos a precio de coste, eliminando el margen de beneficio para Venezuela en esa cuota. Se estima que el acuerdo vincula unos 65.000 millones de barriles de crudo, lo que representa una quinta parte de la capacidad productiva del país.
El reciente acuerdo, defendido por la Casa Blanca como una medida de seguridad nacional frente a la inestabilidad en Oriente Medio, sitúa al polémico multimillonario venezolano Alejandro Betancourt como el “intermediario clave” en una estructura donde el Pentágono asume un rol empresarial sin precedentes. Betancourt, conocido por su fortuna amasada durante el mandato del fallecido expresidente Hugo Chávez, ha formado parte del grupo de los “bolichicos” y es todavía una figura controvertida con investigaciones abiertas en varios países.
David Alandete explicó que la relación de Betancourt con Washington se fraguó mediante una intensa labor de lobby que comenzó en 2017 y que incluyó la contratación de Rudy Giuliani, abogado personal de Trump. Giuliani intercedió ante el Departamento de Justicia para evitar que Betancourt fuera imputado en casos de blanqueo de capitales. Esta red de influencias ha permitido que, a pesar de las investigaciones internacionales, la administración actual lo considere un “interlocutor legítimo”.
