El pasado 5 de septiembre pude acompañar a un importante grupo de activistas ambientales y a una reconocida periodista en un recorrido relámpago por varias comunidades de Tocuyito: Barrio Bueno, Fundación CAP y El Rosal. La intención fue visibilizar las problemáticas socioambientales que enfrentan esos sectores y en los cuales es notorio el abandono de las autoridades competentes.
En Barrio Bueno persiste el vertedero a cielo abierto ubicado en la entrada de la comunidad, entre esta y el Mercado Mayorista. Por otro lado, el puente que comunica a Barrio Bueno con el sector 5 de Fundación CAP se encuentra peligrosamente deteriorado: las barandas metálicas amenazan con desprenderse y la quebrada está siendo usada como botadero de basura. Entre tanto, en el Rosal, los vecinos afectados por las frecuentes anegaciones, por la falta de embaulamiento y mantenimiento de canales pluviales, tienen sus casas agrietadas y deterioradas. Las peticiones para resolver estos problemas han sido elevadas a las autoridades municipales no desde ayer, ni desde esta semana o el último mes; llevan años exigiendo la intervención pública y la respuesta de las autoridades ha sido el olvido.
¿Por qué sucede esto? Podríamos hablar de indolencia, desidia y desinterés de las autoridades municipales y, ciertamente, tendríamos mucha razón. Sin embargo, creo que hay un aspecto institucional, legal, político y financiero que se deja de lado y que me parece crucial: el presupuesto municipal.
En la legislación vigente, específicamente la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 232, se lee lo que los alcaldes no leen desde 1998: “El presupuesto de inversión está dirigido al desarrollo humano, social, cultural y económico del Municipio, y se elaborará de acuerdo con las necesidades prioritarias presentadas por las comunidades organizadas, en concordancia con lo estimado por el alcalde o alcaldesa en el presupuesto destinado al referido sector y con los proyectos generales sobre urbanismo, infraestructura, servicios y vialidad. A estos fines, regirá el procedimiento siguiente: En el mes de julio de cada año el alcalde o alcaldesa entregará al Consejo Local de Planificación Pública la cifra o monto total de inversión de cada sector, incluyendo los detalles a que haya lugar. Entre los meses de agosto y octubre se activará el presupuesto participativo de conformidad con lo establecido en la presente Ley.”
Imaginemos que el municipio Libertador, finalmente, tenga autoridades democráticamente electas y que sean auténticamente responsables ante su pueblo. Pasarían cosas como: 1) el alcalde presentaría públicamente el monto disponible para la inversión pública; 2) los vecinos, en asambleas y cabildos abiertos en los distintos sectores, expresarían sus problemas y prioridades; 3) el presupuesto se aprobaría considerando las necesidades de la gente y no solo las del PSUV; y 4) la ciudadanía ejercería una auténtica democracia participativa y protagónica, pues no solo elegiría a las autoridades, sino que también decidiría en qué se gasta el dinero público. Invito a los libertadorenses a imaginar que ese escenario es posible y que, finalmente, los malos gobernantes —esos que le negaron los recursos al pueblo— se vayan para su casa sin pena ni gloria.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica
