El Artículo 70 de la Constitución Nacional establece que “son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones serán de carácter vinculante”. Todos son muy importantes, sin embargo, me gustaría detenerme un poco en los medios más cercanos a la gente y a la vida local: el cabildo abierto y las asambleas de ciudadanos.
En sus declaraciones, muchas autoridades locales (alcaldes y concejales) insisten en hablar del “protagonismo del pueblo”, basan sus mensajes en redes sociales en un supuesto contacto directo con la “gente” y cada decisión es vendida como un producto del anhelo popular. Ahora bien, hay que separar la paja del trigo y tomar en cuenta que, para tener un juicio objetivo sobre algo, se requieren datos y mediciones. ¿Los alcaldes y concejales carabobeños pueden dar el dato, verificable y auditable, de cuántos cabildos abiertos y asambleas de ciudadanos se han celebrado en sus respectivas jurisdicciones?
¿Son importantes estos medios? Claro que sí. En principio, porque es importante cumplir la Constitución Nacional, pero además, es esencial consultar la opinión de los ciudadanos de forma directa sobre los asuntos públicos. Con ello, las decisiones, la legislación aprobada y las políticas públicas ejecutadas coinciden con el interés general y no solo con el interés particular de quienes están cerca del poder.
De haber cabildos abiertos, los ciudadanos podrían plantear necesidades y soluciones a los problemas que presentan los servicios públicos locales, como la falta de centros de educación inicial, de hogares de cuidado diario, de programas de alimentación y atención médica especializada para los adultos mayores, o la necesidad de transformar el calamitoso servicio de transporte público. En las asambleas de ciudadanos, sus decisiones vinculantes podrían incidir directamente en el funcionamiento del poder público municipal, logrando que este, realmente, trabaje para satisfacer los requerimientos de los vecinos.
Aún más, lo lógico para las autoridades municipales con una retórica basada en la repetición constante de expresiones como “poder popular” y “todo el poder para el pueblo”, sería que, finalmente, aprueben al menos un presupuesto participativo para empezar. Así, las prioridades de la inversión municipal no serían impuestas por los «tres panitas» con acceso directo a la oficina del alcalde, cualquiera que este sea, sino que serían producto de la deliberación pública y la voluntad de los ciudadanos. Espero que no sea mucho pedir a sus excelentísimas y magnánimas autoridades.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica
