Un juez español archivó este domingo la acusación sobre un alto cargo de la Presidencia del Gobierno español, en una causa por presunta malversación de fondos públicos que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El juez Juan Carlos Peinado acordó el archivo de la investigación por presunta malversación contra la secretaria general de la Presidencia del Ejecutivo español, Judit González, a la que había imputado recientemente en una causa en la que investiga a la esposa del líder socialista.
Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado tomó esta decisión, que supone el sobreseimiento libre, tras tomarla declaración como investigada.
González, a las preguntas del magistrado, del letrado que la defiende y de otro abogado de la defensa, según estas fuentes, se desvinculó de haber cometido malversación en lo relacionado al puesto de una asesora de la esposa, Cristina Álvarez.
A preguntas sobre las funciones de Álvarez, explicó que la asesora no dependía de ella.
Tras González declaró como testigo el presidente del Instituto de Empresa, Diego del Alcázar, quien precisó que no hubo ningún correo entre esta entidad y Álvarez en los cuatro años que Begoña Gómez estuvo vinculada.
El Instituto de Empresa contrató a Gómez como directora del organismo África Center en agosto de 2018, tres meses después de que Sánchez fuera nombrado presidente, y estuvo en el cargo hasta junio de 2022.
La causa investiga por cinco presuntos delitos a Gómez y otras tres personas.
La secretaria general de Presidencia del Gobierno había sido imputada por presunta malversación de caudales públicos.
El mismo delito, por haber ocupado el mismo puesto anteriormente, por el que mantiene imputado al delegado del Gobierno español en la región de Madrid, Francisco Martín, y por el que llamó como testigo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que lo ejercía cuando se nombró a Álvarez asesora.
El juez Peinado vio indicios de malversación en el nombramiento de la asesora al considerar que fue contratada con fondos públicos pero desempeñó funciones de carácter «estrictamente privado» en atención a la mujer de Sánchez.
El Gobierno, el partido socialista y otras fuerzas de izquierda acusan al juez de actuar con motivaciones políticas al tratarse de la esposa del presidente, mientras la oposición de derechas reclama dimisiones por ese caso de supuesta malversación y tráfico de influencias, entre otras acusaciones.
EFE
