Joshua Schroeder está convencido de sus acciones. Mientras intentaba asegurar el debido proceso antes de que su cliente fuera deportado a Laos a finales de mayo interpuso una petición de habeas corpus tras otra, en cortes de todo el país, hasta en la isla de Guam, siguiendo el laberinto silencioso trazado por los fiscales del Gobierno de Donald Trump para torpedear la defensa legal de migrantes en procesos de expulsión activos. Su conciencia y compromiso lo llevaron a agotar todas las avenidas posibles, aunque tuviera poca esperanza de que sus mociones fueran exitosas. Al final, como era de esperarse ante la actual política migratoria despiadada, no lo fueron. Pero Schroeder se llevó una sorpresa de todas maneras: en medio de una de las respuestas de los fiscales, había también una moción solicitando sanciones contra el abogado. Lo acusaban de deliberadamente hacer que las cortes perdieran tiempo y dinero.
Por El País
Hasta donde se sabe, Schroeder es el primer letrado en recibir una acusación de este estilo, derivada de un memorando del presidente firmado en marzo, en el que se indica que se deben “buscar sanciones contra abogados y firmas que se impliquen en litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra Estados Unidos”. No hay precedentes, pero Schroeder, que también es un experto legal y autor de tratados sobre las leyes fundacionales de Estados Unidos, enmarca su caso dentro de un ataque más amplio a los valores de la república que el actual Gobierno de Trump, a través de su Departamento de Justicia, está llevando a cabo.
“Yo soy solo un abogado. Y ningún abogado puede enfrentarse al Gobierno si es que realmente quieren hacerte algo. Es muy raro que el Gobierno tomara esta decisión porque tiene profundas consecuencias. Pero hay muchas cosas extrañas sobre esta moción de sanciones. En primer lugar, cita un memorando del presidente, lo cual parece indicar que no es una decisión independiente de un abogado, que es cómo sería usualmente. La idea de que están siguiendo un mensaje directo del presidente, una persona política, es extremadamente peligrosa. Es difícil incluso comprender exactamente lo que significa”, dice Schroeder en una videollamada con EL PAÍS desde Los Ángeles.
La situación en la que ahora se encuentra Schroeder, en la que se enfrenta a un castigo que puede ir desde una multa no especificada, pero en la que también, dada la ambigüedad de la acusación, un impedimento permanente a su carrera es posible, comenzó con una llamada desesperada el último fin de semana de mayo. Su cliente, un hombre con una convicción criminal y originalmente de Laos, que llegó al país después de que su familia luchara del lado estadounidense en la guerra de Vietnam, le dijo que estaba a punto de ser deportado.
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