La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha determinado este lunes que las políticas y prácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo son “irrazonables” y suponen “una carga o restricción al comercio estadounidense”. La decisión, adoptada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, abre la posibilidad de imponer sanciones económicas de amplio alcance contra Nicaragua, incluido su eventual suspensión del tratado de libre comercio CAFTA-DR, vital para la economía del país centroamericano, cuyo principal socio comercial es Washington. Pero además propone la aplicación de aranceles de hasta el 100% a las exportaciones nicaragüenses.
Por Wilfredo Miranda Aburto | EL PAÍS
El informe de la USTR concluye que los abusos de los derechos laborales, las violaciones a los derechos humanos y el desmantelamiento del Estado de derecho en Nicaragua “constituyen una carga para el comercio de Estados Unidos” y son, por tanto, “accionables”, es decir, susceptibles de medidas unilaterales de respuesta. “La Sección 301 autoriza al Representante Comercial a tomar todas las acciones apropiadas y viables, sujetas a la dirección del presidente, para lograr la eliminación de dichos actos, políticas y prácticas”, precisa la resolución publicada en el boletín oficial del Estado, el Federal Register.
El documento sometido a consulta pública plantea cuatro alternativas: suspender todos los beneficios de Nicaragua bajo el CAFTA-DR, limitar parcialmente esas ventajas, imponer aranceles de hasta el 100 % a todas las importaciones o aplicarlos de forma selectiva por sectores. El proceso de consulta permanecerá abierto hasta el 19 de noviembre de 2025, antes de que Washington adopte una decisión definitiva, o en pocas palabras que el presidente Donald Trump decida qué opción escoger.
Fuentes cercanas al entorno comercial de Washington aseguraron a EL PAÍS que Estados Unidos ya ha sostenido en las últimas semanas negociaciones arancelarias con los países centroamericanos del tratado sin la participación de Nicaragua, lo que podría anticipar un aislamiento progresivo del país dentro del bloque.
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