En las últimas semanas Washington ha comenzado a debatir una idea que hasta hace poco parecía impensable: otorgar al presidente la autorización para que pueda utilizar a las fuerzas militares en su lucha contra los carteles de la droga en América Latina, aún sin el beneplácito de un tercer país.
Por El Tiempo
La iniciativa más visible está incluida en un proyecto de ley redactado por el representante Cory Mills, republicano de Florida, y que ya fue enviado a la Casa Blanca.
En términos generales, el proyecto elabora un marco que permitiría al Ejecutivo ordenar operaciones militares o cinéticas en aguas internacionales y, potencialmente, en el suelo de otros países si el presidente lo determina.
De acuerdo con el borrador de este proyecto, se autorizaría a la administración para utilizar «todas las fuerzas necesarias y apropiadas contra aquellas naciones, organizaciones o personas que el presidente determine que están designadas como narco-terroristas».
En el mismo borrador del proyecto de Mills se incluye una nueva definición de «actividad narco-terrorista».
Ahora se describe como «cualquier involucramiento con sustancias controladas que estén vinculadas a terrorismo, violencia o amenazas a la seguridad nacional, la seguridad pública o la estabilidad internacional».
A parte de los carteles de la droga basados en México, que acaban de ser declarados grupos terroristas por el departamento de Estado, la medida también cobijaría a otros como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, que, según Washington, es controlado por el líder chavista, Nicolás Maduro.
En la lista de organizaciones terroristas que maneja EE. UU. también están incluidos tres grupos colombianos -las Farc-EP, el ELN y la Segunda Marquetalia- cuyo rol en el narcotráfico ha sido documentado.
Paralelamente a los trabajos legislativos, funcionarios del Departamento de Estado están redactando memorandos y documentos legales destinados a presentar ante el Congreso un «modelo» jurídico para justificar operativos de envergadura contra organizaciones delictivas calificadas por la administración como “narco-terroristas».
Esos documentos son vistos como una pieza clave para darle legalidad -desde su perspectiva- a acciones que, de otro modo, operarían en una zona gris del Derecho Internacional y la legislación doméstica estadounidense.
La presión por construir este nuevo marco coincide con la movilización militar ordenada por Trump en el Caribe y los ataques recientes contra por lo menos tres embarcaciones que, según la administración, cargaban droga y eran tripuladas por miembros del Tren de Aragua.
En esos bombardeos habrían muerto 14 personas. Esas acciones, ejecutadas por fuerzas estadounidenses en aguas internacionales, encendieron el debate sobre la autoridad legal que se invocó para llevarlas a cabo.
Bajo la práctica internacional habitual, el uso de la fuerza en el territorio de otro Estado exige, salvo casos de legítima defensa, el consentimiento del país afectado o una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
Los expertos señalan que sin esa solicitud explícita es difícil encuadrar legalmente operaciones militares en territorio de otro país. Así mismo, la sola designación de ciertos cárteles como «organizaciones terroristas» no convierte automáticamente a grupos narcotraficantes en objetivos militares legítimos bajo las reglas del Derecho Internacional Humanitario.
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