Emilio Materán, director general del Diario La Voz, medio informativo con 60 años de trayectoria, insta a los actores políticos e instituciones a resolver la situación que afecta a más de 350 familias.
Materán, alzó su voz exigiendo la solución definitiva a la clausura del medio impreso y digital, medida ejecutada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) hace ya dos años.
Reconoció como positivo el contexto actual en el que diversos portales informativos han recuperado su acceso en el país, destacando casos emblemáticos como los de La Patilla y El Nacional. Sin embargo, enfatizó que la restitución de derechos debe ser plena e incluyente para todos los medios afectados.
«Hemos visto con mucha alegría como medios digitales han sido desbloqueados recientemente. Los casos de La Patilla y El Nacional son icónicos. Pero no solo los medios de comunicación digitales han sido afectados. El caso del diario La Voz, medio impreso y digital sancionado por el Seniat, sigue pendiente de resolver. Ya van dos años desde que el Seniat clausuró a este diario que tiene 60 años de historia. No solo cerraron el periódico, sino que impusieron una infinidad de medidas cautelares a toda la familia Materán», denunció.
Subrayó que el caso ha sido elevado de manera formal ante los diversos organismos e instancias nacionales pertinentes, tales como la Comisión de Diálogo, el programa de Convivencia y Paz, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Asamblea Nacional, entre otros. A pesar de estos esfuerzos, hasta la fecha no se ha obtenido una respuesta favorable que atienda la exigencia constitucional de libertad de expresión e información.
«Nuestro caso ha sido planteado en todas las instancias y hasta ahora no se ha producido una respuesta a favor, no de nosotros a título individual, sino respondiendo a la tan cacareada necesidad de libertad de prensa», agregó.
Ante el estancamiento de la situación, hizo un llamado público a Dinorah Figuera, al encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, John Barrett, y a los representantes de la Asamblea Nacional, instándolos a interceder de manera decidida para restituir las garantías laborales y operativas del medio.
La medida administrativa mantiene paralizados los ingresos de más de 50 familias de manera directa y alrededor de 300 de forma indirecta, entre periodistas, reporteros gráficos, diagramadores, personal técnico, administrativo, de taller y de distribución que dependían de la operatividad del periódico.
«Hacemos un llamado para que de una vez por todas nos devuelvan el derecho a trabajar, a nosotros y a más de 50 familias directas y 300 indirectas que han sido y siguen siendo seriamente afectadas por esta medida», precisó.
