Miles de venezolanos podrían beneficiarse del nuevo proceso de regularización migratoria en Trinidad y Tobago, cuyo Ministerio de Seguridad Nacional anunció este lunes 2 de noviembre la aprobación preliminar de 20.242 solicitudes de residencia y permisos laborales por un año, después de una campaña de registro que recibió más de 23.000 peticiones de ciudadanos venezolanos.
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La medida representa un cambio importante para una comunidad que durante el último año enfrentó deportaciones, restricciones migratorias y dificultades para renovar sus documentos. Sin embargo, las autoridades no han precisado cuántos venezolanos figuran entre los 20.242 solicitantes seleccionados, una cifra que incluye a extranjeros de distintas nacionalidades.
El programa, denominado Marco de Registro de Migrantes (MRF), permitirá a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en el país caribeño desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2027, siempre que completen los trámites correspondientes para recibir sus documentos.
La entrega de las tarjetas comenzó este lunes en el estadio Ato Boldon de Couva, en el centro de Trinidad. Los solicitantes deberán verificar previamente el resultado de su expediente y la fecha asignada para recoger los permisos, de acuerdo con las instrucciones remitidas por las autoridades.
El proceso de registro se desarrolló entre el 26 de enero y el 25 de febrero, período durante el cual el Ministerio recibió 29.276 solicitudes de personas procedentes de más de 60 países. Tras las verificaciones de seguridad, 20.242 fueron recomendadas para obtener las tarjetas MRF y los permisos ministeriales correspondientes.
No obstante, la regularización tiene una limitación importante: los documentos no autorizan a sus titulares a viajar al extranjero y regresar a Trinidad y Tobago. Esto significa que los venezolanos beneficiados podrán permanecer y trabajar dentro del país, pero no deberán asumir que sus nuevas tarjetas les garantizan el reingreso después de salir de su territorio.
Otro obstáculo es el costo del trámite. Los solicitantes deben cancelar 710 dólares trinitenses, equivalentes a aproximadamente 104,73 dólares estadounidenses, una cantidad que representa una dificultad para algunas familias migrantes. Organizaciones comunitarias también han denunciado que determinados empleadores se niegan a conceder permisos laborales para acudir a recoger los documentos.
El Grupo de Apoyo a los Migrantes de La Romaine, en el sur de Trinidad, explicó a la agencia EFE que algunos extranjeros no pudieron presentarse a sus citas por dificultades para ausentarse del trabajo. Desde la organización La Casita, Andreina Brown también señaló problemas para identificar los establecimientos autorizados donde se realizan los pagos.
Las autoridades recomendaron a quienes tengan solicitudes pendientes, rechazadas o sin localizar que se comuniquen con el servicio de asistencia del Ministerio antes de realizar cualquier desembolso. Los extranjeros deben consultar primero el portal oficial para comprobar su situación migratoria y evitar pagos por trámites que todavía no hayan sido aprobados.
La relevancia de la medida para los venezolanos se refleja en la participación que tuvieron durante la primera etapa. Según las cifras difundidas en marzo, 23.342 de las 29.276 solicitudes recibidas correspondían a ciudadanos de Venezuela, aproximadamente el 80 % del total. Ese predominio evidencia el peso que mantiene la migración venezolana en Trinidad y Tobago, aunque no permite determinar cuántos obtuvieron finalmente la aprobación.
El programa de 2026 también marca una diferencia respecto a las campañas anteriores. En 2019, las autoridades trinitenses registraron a 16.523 venezolanos mediante un mecanismo especial que posteriormente enfrentó dificultades de renovación. A finales de 2025, el Ejecutivo amplió el sistema para incorporar a migrantes de cualquier nacionalidad, en lugar de limitarlo exclusivamente a los procedentes de Venezuela.
