Abogados que representan a los detenidos en el controvertido centro de detención para inmigrantes “Alligator Alcatraz” estarán este lunes en un tribunal federal buscando permitir que los detenidos se reúnan con sus abogados.
Por CNN
Los abogados de grupos como ACLU, US Immigration Law Counsel y Florida Keys Immigration presentaron en julio una demanda contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios, alegando que los demandados “impidieron que los detenidos en la instalación tuvieran acceso a asesoría legal” y están evitando que “las personas detenidas por motivos civiles de inmigración en ‘Alligator Alcatraz’ se comuniquen con abogados y presenten mociones ante el tribunal de inmigración que podrían resultar en su liberación.”
La demanda también busca garantizar que haya información actualizada sobre la ubicación de los detenidos en “Alligator Alcatraz”.
“La Constitución de Estados Unidos no permite que el gobierno simplemente encierre a las personas sin ninguna posibilidad de comunicarse con un abogado o de solicitar al tribunal su liberación de la custodia. El gobierno no puede pisotear estas protecciones fundamentales para las personas bajo su custodia”, dijo Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU y abogada principal del caso, en un comunicado de prensa.
El Departamento de Seguridad Nacional ha negado las acusaciones, diciendo a CNN en un comunicado el domingo que “la instalación mantiene un espacio físico para que los abogados se reúnan con sus clientes”, y que los abogados también pueden solicitar hablar con los detenidos que representan por correo electrónico.
En una audiencia el mes pasado, los abogados de la ACLU instaron al juez a avanzar con la demanda lo antes posible, alegando que el personal del centro de detención estaba presionando a los detenidos para que se autodeporten sin pasar por un abogado. La ACLU también recordó al tribunal que ya se habían realizado “vuelos de deportación” desde el lugar.
“El Gobierno ha prohibido las visitas legales en persona, cualquier comunicación confidencial por teléfono o video, y el intercambio confidencial de documentos escritos”, dijo la ACLU en el comunicado sobre la demanda, describiendo varios casos de abogados rechazados tras intentar reunirse con sus clientes.
La audiencia de este lunes en Miami, Florida, es la más reciente en el caso contra los funcionarios federales y estatales, cuyos abogados han argumentado que las demandas no se presentaron en el distrito federal correcto.
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