Quienes hemos sostenido que la aplicación del proyecto político y económico denominado Socialismo del Siglo XXI solo causó desmejoras económicas y sociales a la nación venezolana, encontramos en los resultados de esa gestión pública, el principal argumento para respaldar esa posición. Numerosas empresas que anteriormente eran privadas fueron confiscadas y pasaron a manos del Estado, pero su gestión ha estado marcada por la caída de la producción, el deterioro de la infraestructura y pérdidas operativas y financieras que ascienden a miles de millones de dólares.
El impacto de este modelo no se limita al ámbito empresarial. También se refleja en las comunidades vinculadas a esas actividades económicas. La reducción de las operaciones ha contribuido a la pérdida de empleos, al deterioro de los ingresos laborales y, en consecuencia, a una disminución de la calidad de vida de numerosas familias del entorno donde esas empresas ejercían sus actividades.
En este contexto, cabe preguntarse si los consejos comunales, que durante casi dos décadas han intentado consolidarse como actores económicos mediante proyectos productivos y obras de infraestructura comunitaria; representan una continuidad de ese mismo modelo de gestión del Socialismo del siglo XXI.
A pesar de los recursos públicos destinados a financiar bancos comunales, consejos comunales y proyectos de desarrollo local, los resultados alcanzados no parecen corresponderse con las expectativas de producción y desarrollo planteadas. Las quejas de las comunidades, junto con los resultados observados en distintas iniciativas, plantean interrogantes sobre la eficiencia en el uso de esos recursos y el cumplimiento de los objetivos previstos.
La participación de funcionarios del Ministerio de las Comunas y el financiamiento mediante fondos públicos constituyen elementos relevantes para analizar el funcionamiento de este sistema. Su orientación y sus mecanismos de gestión presentan características que permiten establecer paralelismos con el modelo estatista asociado al Socialismo del Siglo XXI.
Sin embargo, más allá de las similitudes políticas e institucionales, resulta fundamental evaluar los resultados concretos: cuántos proyectos continúan operativos, qué niveles de producción alcanzan, cuántos empleos generan y qué beneficios económicos y sociales aportan a las comunidades. Sin información verificable sobre estos indicadores, es difícil determinar la rentabilidad social y económica de los miles de proyectos y créditos otorgados.
Venezuela necesita avanzar hacia un modelo que promueva la iniciativa ciudadana, la capacidad emprendedora y la producción sostenible. El desarrollo no puede depender exclusivamente de estructuras estatales o de organizaciones financiadas con recursos públicos, sino que debe apoyarse en las capacidades de los ciudadanos para trabajar, emprender, invertir y generar riqueza.
Superar las limitaciones del modelo estatista exige promover la productividad, la autonomía económica y la creación de oportunidades reales para las familias venezolanas. El objetivo debe ser construir una economía capaz de generar empleos sostenibles, mejorar los ingresos y elevar la calidad de vida de la población.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo
