El poder se sostiene de dos maneras: por la fuerza o por el consentimiento. La dominación aplasta; la legitimidad convence. El poder dura cuando los gobernados aceptan como natural el orden que los gobierna.
Venezuela ha inventado una tercera fórmula, más barata y cruel: gobernar sin convencer y sin necesidad de reprimir todos los días. Gobernar con la resignación ajena.
El reciente reporte sobre la transición venezolana lo registra con frialdad técnica: existe una brecha entre el deseo y el calendario. El 74% de los venezolanos quiere un cambio, según la encuesta nacional de IRI/CID Gallup de junio y julio de 2026. Pero solo el 34% cree que ese cambio ocurrirá, y un 26% no confía en ningún actor político. Cuarenta puntos de distancia entre lo que se desea y lo que se espera, y una cuarta parte de la población huérfana de toda representación. Dicho de otro modo: hay una demanda grande sin una fuerza organizada capaz de articularla; descontento estático que no le cuesta nada al régimen. Incluso el instrumento que mide ese deseo —una encuesta financiada por Washington, con apenas 5% de tasa de respuesta— fabrica parte del consentimiento que dice registrar.
Esto tiene un nombre: consentimiento pasivo. No es adhesión, no es entusiasmo, no es legitimidad. Es la aceptación de lo inevitable. “Esto es lo que hay.” La economía conductual explica su mecánica: el 59% dice que su situación sigue “igual” desde la extracción de Nicolás Maduro el pasado mes de enero. Esa igualdad es el punto de referencia congelado desde el cual se calcula cada riesgo. El 45% exige elecciones “lo antes posible”, pero un 24% tolera la postergación hasta 2030: la espera se percibe como preservación de la frágil estabilidad. El régimen agita el fantasma del retorno a la hiperinflación si se altera el statu quo. No necesita convencer; le basta administrar el miedo a perder lo poco que queda.
Porque lo que vive Venezuela no es una transición. Es lo que la historia italiana del siglo XIX llamó una revolución pasiva: las élites absorben las demandas populares y ejecutan transformaciones desde arriba, sin que las masas participen jamás del cambio. Modernización sin democratización. La fórmula calza con precisión quirúrgica: Washington administra las licencias petroleras que regulan el comercio del crudo; las empresas de servicios firman acuerdos marco para el gas; la interina habla de elecciones futuras mientras se informa que no habrá comicios en un año o más. Todo se mueve para que el poder no se mueva.
El tablero está trabado porque cada actor juega un juego distinto. El régimen monta el juego del cerco: ocupa territorio y tiempo, extendiendo el statu quo hacia 2030 sobre el 33% que asume que “nada cambiará”. La oposición democratca juega ajedrez: secuencias institucionales ordenadas con 42% de confianza, pero sin las piezas para forzar las jugadas. Estados Unidos juega Monopolio: administra activos, licencias y rentas con el cheque en blanco de ocho de cada diez venezolanos, sin prisa. Ante tres partidos incompatibles, la ciudadanía se inmoviliza y se repliega en la subsistencia. Ese equilibrio solo lo romperá una perturbación externa.
Frente a eso, María Corina Machado libra una guerra de desgaste moral. No un asalto frontal al poder —que en Venezuela ya demostró su costo—, sino la construcción lenta de una ascendencia alternativa desde la sociedad civil: legitimidad moral, red territorial, un relato contra el sentido común de la resignación. Los números la acompañan: 42% de confianza frente al 2% de Delcy Rodríguez. Pero la ascendencia no se mide solo en encuestas. Se mide en la capacidad de convertir el deseo en agenda. Y ahí está la trampa: el deseo existe, la agenda la escribe otro.
Por eso el verdadero examen de la transición no es el día de las elecciones. Es un día anterior, burocrático, casi invisible: el día en que el nuevo Consejo Nacional Electoral decida si Machado puede ser candidata. Si la habilitan y anuncian una fecha pública, el sistema habrá aceptado una regla que puede hacerlo perder. Si la bloquean de nuevo, quedará demostrado que la transición es tutelada. Dicho sin rodeos: la democracia solo existe cuando el poder acepta la posibilidad de su propia derrota. Todo lo demás es dominación con maquillaje electoral.
El dato más inquietante está en los jóvenes. Solo el 29% de los menores de 30 está inscrito en el registro; el 35% no piensa inscribirse; apenas el 42% prioriza un cambio político, frente al 80% de los mayores de 50. Solo el 62% se define como democrático, un 27% prefiere otros sistemas y un 13% mira con deseo el modelo de El Salvador. Es la tesis de Nicolás Lynch validada en campo: modernización sin democratización. Las nuevas cohortes aprenden a operar sin derechos electorales, y su urgencia ni siquiera es política: es la electricidad. Al régimen le basta con desarmar a la nueva generación.
Y aquí aparece el cemento ideológico: el sentido común. Hay una distinción útil entre el sentido común heredado —los dogmas cotidianos que hacen tolerable lo intolerable— y el juicio crítico que las cuestiona. El viejo código nacionalista colapsó: el 42% describe a su país como “Cuba” y el 67% exige cortar el crudo a La Habana. Hasta “reconciliación” quedó rota: 19% esperanza contra un triple empate del 12% entre traición, ingenuidad y alivio. La Ventana de Overton se desplazó sola: la tutela norteamericana pasó de postura extrema a consenso popular, mientras la postergación hasta 2030 sigue dentro de lo tolerable. Cuando el terremoto golpeó, el 70% de la respuesta la asumió la sociedad civil y solo el 10% el Estado: el mito del ciudadano auto-rescatado glorifica la supervivencia y naturaliza la ausencia del Estado.
La coalición que sostiene este orden tampoco es puramente nacional. Es un bloque tutelado, y su sociología es una paradoja. La foto de julio muestra que Washington era simultáneamente el principal socio político (46%) y económico (42%) del país, y al mismo tiempo el 24% lo calificó como la principal amenaza. Ocho de cada diez venezolanos exigen una relación cercana con la administración estadounidense. No resisten al tutor; negocian los términos de la intervención. El petróleo es el cemento del bloque; la promesa electoral, su fachada. Por eso la disputa real no es entre gobierno y oposición democrática. Es entre dos formas de mandar: la del consentimiento pasivo, que administra la resignación, y la de la legitimidad democrática, todavía en construcción.
Hay una vieja lección de las revoluciones fracasadas: el poder no se toma, se construye, ganando primero las conciencias y después las instituciones. Venezuela es el laboratorio invertido de esa lección: un poder que no necesita conquistar conciencias porque le basta adormecerlas. La transición no depende de aumentar la demanda de cambio —ya es masiva— sino de cerrar la brecha entre la opinión favorable y las capacidades que conviertan el consenso en acción organizada, antes de que la resignación convierta la postergación en la norma. La pregunta final no está en los palacios: está en si Venezuela pasa del consentimiento pasivo a la legitimidad democrática. Del “esto es lo que hay” al “esto es lo que haremos”.
Antonio de la Cruz
Director ejecutivo Inter American Trends
