El 3 de enero de 2026 abrió un capítulo inesperado en la historia política venezolana. La salida de quien encabezaba el Gobierno modificó el equilibrio de poder y despertó nuevas expectativas en una sociedad agotada por años de crisis. Sin embargo, todo cambio en la conducción del Estado no representa, necesariamente, una transformación del sistema político. Esta diferencia es fundamental para comprender el momento que vivimos: podemos estar ante un cambio de gobierno, una reorganización de las fuerzas que ejercen el poder o el comienzo de una verdadera transición democrática. Distinguir estos escenarios será el punto de partida para entender hacia dónde se dirige Venezuela.
La historia política demuestra que la salida de un gobernante no implica, por sí sola, la desaparición de las estructuras que hicieron posible su permanencia. En Venezuela, buena parte del aparato institucional, militar, administrativo y político sobrevivió a los acontecimientos de enero. El nuevo escenario, por tanto, no comenzó sobre una estructura vacía, sino sobre un Estado que conserva actores, relaciones y mecanismos de poder anteriores. Esta continuidad obliga a mirar más allá de los cambios visibles y preguntarnos quiénes toman hoy las decisiones, qué intereses representan y cuánto han cambiado realmente las reglas que organizan la vida pública.
Desde la perspectiva de los estudios sobre transiciones democráticas, autores como Sujian Guo y Gary A. Stradiotto permiten comprender que la salida de un régimen es apenas una parte del proceso. La democratización también exige construir nuevas instituciones y consolidarlas para que puedan sostenerse en el tiempo. No basta con sustituir a quienes gobiernan; es necesario transformar las condiciones en las que se ejerce el poder. Esta distinción ayuda a comprender por qué algunos procesos políticos, aun después de producirse cambios significativos en el liderazgo, terminan conservando prácticas y estructuras que limitan la participación ciudadana y la competencia política.
En la Venezuela actual, la estabilización política y la recuperación económica parecieran que ocupan un lugar central en la agenda del Gobierno y en su relación con Estados Unidos, aunque tangiblemente pareciera no ser así. Son asuntos relevantes para un país que necesita recuperar su capacidad productiva y atender las necesidades de su población. Pero la estabilidad también puede favorecer la continuidad de las estructuras existentes si no está acompañada de reformas institucionales. La cooperación internacional, los acuerdos económicos y la normalización de las relaciones diplomáticas pueden modificar el funcionamiento del Estado, aunque no garantizan, por sí mismos, la apertura democrática. La pregunta que debemos hacernos no es únicamente si el país está recuperando cierta gobernabilidad, sino si esa recuperación está creando condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos políticos.
La transición democrática comienza a adquirir sentido cuando el poder deja de depender exclusivamente de quienes lo ejercen y se somete a reglas compartidas, instituciones independientes y mecanismos efectivos de control. Esto supone garantizar la participación de las distintas corrientes políticas que realmente representen la mayoría, el respeto a las libertades ciudadanas, la independencia de los poderes públicos y la posibilidad real de elegir y sustituir a los gobernantes. También exige reconstruir la confianza de una sociedad que, después de tantos años de incertidumbre, necesita comprobar que los cambios anunciados se traducen en hechos. Sin estas condiciones, cualquier reorganización del poder corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de continuidad, aunque sus protagonistas y sus alianzas sean diferentes.
Por eso, el desafío venezolano no consiste solamente en superar una etapa política, sino en decidir qué tipo de Estado queremos construir. La estabilización puede ser el comienzo de una transformación, pero también puede convertirse en el mecanismo que consolide un nuevo equilibrio sin modificar las bases del poder. La diferencia estará en las decisiones que se adopten y, sobre todo, en las garantías que se ofrezcan a la sociedad. En próximos artículos profundizaremos en esta cuestión: cómo se debe reorganizar el poder si se genera un cambio de gobierno, qué papel desempeñan las instituciones y cuáles son las condiciones necesarias para que una transición sea verdaderamente democrática, o solo permitan que los actores que permanecen en el poder reconstruyan su capacidad de control. Porque comprender lo que está ocurriendo es también una manera de prepararnos para participar todos en la construcción y transformación del país que todos aspiramos recuperar.
IG,X: @freddyamarcano
