Andrea Hernández Briceño
Yolanda —nombre ficticio, como el de todas las personas de esta escena— cruza a pie un control de policías encapuchados en un barrio del oeste de Caracas. En el bolsillo lleva una bolsita transparente con varias pastillas de misoprostol, la segunda parte del tratamiento que la Organización Mundial de la Salud recomienda para un aborto seguro. Camina rápido, sin mirar atrás. Cualquier gesto nervioso puede llevar a que la detengan. Es 2022 y ese paquete podría costarle la cárcel: en Venezuela, abortar se castiga con hasta dos años de prisión, y ayudar a hacerlo, con hasta dos años y medio.
Por Andrea Hernández | EL PAÍS
El país ha cambiado mucho desde entonces, sobre todo desde que el 3 de enero fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, pero la salud reproductiva de las mujeres no está en la agenda. Se reforman leyes a toda velocidad para explotar petróleo y oro, mientras las venezolanas, que solo pueden abortar si su vida corre peligro, siguen recurriendo a redes clandestinas.
A menudo, no querer tener un hijo es una cuestión de supervivencia. “No es que no quiera ser madre, es que ahorita no puedo pagar pañales, leche ni médicos. No puedo”, decía Tatiana, la destinataria de las pastillas. En casi uno de cada tres hogares venezolanos los ingresos no alcanzan ni para cubrir la alimentación, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2025.
Tatiana, una bailarina de entonces 22 años, ya ha tomado la mifepristona, la primera parte del tratamiento. Ahora toma la primera dosis de misoprostol. A los 15 minutos corre al baño a vomitar lo poco que ha almorzado. Yolanda la sigue, le sujeta el pelo rizado y cierra la puerta.
A esa casa, estrecha y llena de escaleras, no llega agua corriente desde hace años. Junto al baño, un cubo de basura reconvertido en depósito de 50 litros sirve para bañarse, bajar el inodoro y cepillarse los dientes. Yolanda le pide a Alberto, la pareja de Tatiana, que hierva agua. Así él tiene algo que hacer con las manos, que le tiemblan.
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