Una investigación de La Patilla, basada en el trabajo de campo de sus corresponsales en seis estados y en informes de organizaciones humanitarias, revela que la mayoría de las familias que perdieron su vivienda en los terremotos del 24 de junio sigue exactamente donde estaba hace tres meses: en carpas, sin agua potable regular y sin ninguna institución del Estado a cargo de su situación.
Tres meses después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio, miles de familias damnificadas continúan viviendo en campamentos que iban a ser temporales. La Patilla presenta hoy Abandonados tras los terremotos, que documenta cómo ese abandono no comenzó con la tragedia, sino que se sostuvo después de ella.
El reportaje reconstruye, primero, la lentitud de la respuesta estatal en las primeras horas: según un informe de Transparencia Venezuela, el Estado venezolano solo desplegó el 12,6% de su capacidad de rescate en las primeras 24 horas, muy por debajo del 71% que había alcanzado Chile a las 48 horas en su propio terremoto de 2010. Un segundo informe, de la organización Un Mundo Sin Mordaza, documenta que, dos meses después del sismo, Venezuela seguía sin un registro nacional y conciliado de personas desaparecidas.
Pero el eje central de esta entrega es lo que ocurrió después: corresponsales de La Patilla visitaron una muestra de 23 campamentos en La Guaira, Distrito Federal, Carabobo, Aragua, Barinas y Falcón, y encontraron que más de la mitad —13 de 23— son carpas instaladas a la intemperie, que solo 6 tienen acceso a tubería de agua, y que en 12 de esos campamentos son los propios damnificados quienes se organizan, sin ninguna institución del Estado a cargo. El hallazgo se contrasta con los estándares mínimos de habitabilidad que exige la organización Laboratorio de Paz para este tipo de refugios.
La investigación también documenta episodios puntuales: familias a las que les retiraron los baños portátiles que tenían, campamentos bajo vigilancia armada de la Guardia Nacional, y un caso, en el campo de béisbol de Playa Grande, en el que los propios damnificados denuncian que el Gobierno regional busca reubicarlos no en una vivienda digna, sino en un espacio donde, según sus palabras, quedarían “escondidos”.
