Este miércoles se cumplen 55 días de la desaparición forzada de Rohyner Ramírez, de 24 años de edad y funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quien se encontraba recluido en el Centro de Detención para Privados de Libertad (Zona 7) de la PNB en Boleíta, por órdenes del Juzgado Cuarto (4°) de Juicio del Área Metropolitana de Caracas.
Según relató su madre, la Sra. Blanca Martínez, a las cinco de la madrugada del viernes 01 de agosto, presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ingresaron a la celda donde se encontraba Ramírez y sin mostrar una orden de traslado expedida por un Tribunal, se llevaron al joven.
Desde entonces se desconoce su paradero.
La Sra. Blanca Martínez ejerció una acción de Hábeas Corpus ante los Tribunales Penales de Caracas, una semana después de la desaparición de su hijo, para exigir a las autoridades judiciales determinar el paradero del joven ante el riesgo para la vida e integridad personal del joven.
Hasta la fecha, los Tribunales Penales de Caracas no han respondido su solicitud en abierta violación del Art. 27 de la Constitución Nacional y de los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal.
La Sra. Martínez ha denunciado lo ocurrido ante el Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo y ha visitado distintos centros de reclusión en Caracas, incluyendo las sedes de la DGCIM y el SEBIN, sin obtener respuestas.
Este martes, el equipo legal de Provea consignó dos nuevas comunicaciones a la Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, reiterando la denuncia por la desaparición forzada de Ramírez y exigiendo a ambos organismos adelantar las investigaciones necesarias para dar con el paradero del joven.
Reiteramos que la desaparición forzada no sólo constituye un grave riesgo para la vida e integridad del detenido, sino que extiende la sensación de miedo e indefensión sobre sus familiares quienes no tienen certeza sobre el paradero y las condiciones de salud de la persona detenida.
La desaparición forzada propicia la posible comisión de torturas y otros malos tratos contra el detenido y constituye, de plano, un acto de trato cruel, inhumano y degradante contra su núcleo familiar, que va generando un mayor impacto psicológico a medida que se prolongue por más tiempo.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Sr. Diosdado Cabello, y el Director de la Policía Nacional Bolivariana, G/B Rubén Santiago Servigna, deben brindar respuestas sobre el paradero de Ramírez, quien se encontraba bajo la custodia de la PNB.
