El subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, advirtió este lunes 9 de noviembre que la reforma de la Ley contra el Odio no puede limitarse a cambiar la cárcel por multas impuestas por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, a quien señaló por tener “un récord de represión en el país”.
Por Rory Branker | La Patilla
Pappier lo dijo en entrevista con el periodista Unai Amenábar en el programa Café Global, de Mundo UR, al hacer el balance de la visita que la organización hizo a Caracas y Maracaibo la semana anterior. “Es valioso que se despenalice la ley, que se eliminen aquellas disposiciones que establecían penas de cárcel, pero eso no puede reemplazarse con multas que imponga el ministro de Interior, que es Diosdado Cabello, que por supuesto tiene un récord de represión en el país”, afirmó.
La advertencia apunta al punto más cuestionado del proyecto. Según el texto que validó la Sala Constitucional del TSJ, la reforma sustituye las penas de 10 a 20 años de prisión por multas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor fijado por el BCV, y deja la instrucción y la decisión de esas sanciones en el despacho de Cabello, el mismo que dirige los cuerpos policiales. La Asamblea Nacional chavista aprobó el proyecto en primera discusión el 3 de noviembre.
Para HRW, la salida más sencilla sigue siendo la derogación. Pappier recordó que la norma “ha sido una de las normas, no la única, pero una de las normas que ha sido utilizada para perseguir a críticos, a miembros de la oposición, a cualquiera que critique al gobierno en redes sociales”. Mientras esa derogación no llegue, pidió cambios “que vayan más allá de lo que se ha propuesto hasta ahora” y que alcancen las reglas sobre el uso de redes sociales y las obligaciones que la ley impone a los partidos políticos, “para que ese andamiaje legal no siga siendo utilizado para reprimir como ha ocurrido en Venezuela en los años recientes”. Desde 2017, más de 900 personas fueron acusadas de incitar al odio, según Foro Penal.
Por otra parte, el balance de la visita dejó claro que la deuda con los presos políticos sigue abierta. “Claramente ha habido avances, hay cientos de personas liberadas, hay algunos casos que se han cerrado con la ley de amnistía, pero no es suficiente”, dijo Pappier, quien estimó que en el país quedan entre 350 y 450 presos políticos. La organización exige la libertad de todos ellos y el cierre de las causas penales contra los perseguidos.
Entre los testimonios que recogió HRW están los de excarcelados que siguen sometidos a procesos. “Algunos de ellos tienen que comparecer ante los tribunales, algunos de ellos no pueden salir del país, y tienen temor a que esas causas se reactiven en el futuro y que vuelvan a la cárcel”, relató el subdirector, que explicó que la organización documenta esos casos “para que se termine con esta persecución política que ha habido en Venezuela”.
Asimismo, Pappier aseguró que HRW tiene documentados, con testimonios de víctimas, centros de detención clandestinos donde estuvieron recluidos presos políticos, y que algunos de ellos están geolocalizados. Pidió que el régimen anuncie públicamente su cierre y que a los servicios de inteligencia se les quite la capacidad de apoyar investigaciones penales. En sus reuniones con las autoridades, añadió, la organización planteó sus preocupaciones por las torturas en la cárcel Rodeo I y por la libertad de expresión, y encontró “más voluntad en algunos temas que en otros”.
El otro eje del viaje fue el nombramiento del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que Pappier calificó como “una prueba de fuego para las negociaciones que se están dando en el país y una parte clave del proceso para empezar una transición a la democracia en Venezuela”. Fue la segunda visita de HRW en pocos meses: en septiembre, familiares de detenidos le denunciaron torturas y falta de atención médica.
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