La Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó este martes 10 de noviembre una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que permitirá la participación de inversionistas privados en el sector, después de casi dos décadas de predominio estatal y en un intento por recuperar un servicio marcado por apagones recurrentes, falta de mantenimiento y graves deficiencias operativas.
lapatilla.com
El cambio legislativo pretende movilizar recursos para una industria que arrastra años de inversiones insuficientes, aunque persisten las reservas de potenciales inversionistas ante las condiciones económicas y jurídicas del país.
El presidente de la AN chavista, Jorge Rodríguez, defendió la participación empresarial como una alternativa para mejorar el suministro destinado a las actividades productivas. “Creo que abrir el mercado es necesario para que el sector privado también pueda suministrar electricidad, especialmente a los grandes consumidores y, sobre todo, a la industria”, declaró.
La reforma modifica el esquema establecido tras la nacionalización del servicio eléctrico en 2007, cuando el chavismo inició la concentración de las principales empresas del sector bajo control estatal. Aquella reorganización derivó en la creación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que posteriormente asumió un papel central en la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.
Desde entonces, el deterioro de las instalaciones y la falta de mantenimiento han contribuido a una crisis que afecta tanto a los hogares como a las empresas. Los cortes de electricidad, que en algunas regiones pueden prolongarse durante horas o días, también interrumpen el abastecimiento de agua, las telecomunicaciones y el funcionamiento de actividades agrícolas e industriales.
La magnitud del problema queda reflejada en la capacidad operativa del sistema. Según los datos recogidos por Reuters, menos del 40 % de la capacidad instalada de generación eléctrica de Venezuela se encuentra actualmente disponible, una limitación que dificulta garantizar un suministro estable incluso antes de considerar las necesidades de expansión de la red.
Pese a que Delcy Rodríguez ha situado la estabilización del servicio entre sus prioridades, las restricciones financieras siguen siendo un obstáculo. El régimen chavista no ha conseguido garantizar los pagos a proveedores que podrían contribuir a recuperar las instalaciones, mientras la prolongada crisis económica y los problemas de financiamiento han complicado las labores de mantenimiento.
La apertura también se produce en un contexto de incertidumbre para las inversiones extranjeras. Aunque las modificaciones legales buscan ofrecer nuevas oportunidades de participación, la recuperación del sistema requiere financiamiento sostenido, condiciones contractuales claras y capacidad para ejecutar proyectos de rehabilitación que llevan años pendientes.
