Jeff Roberson (AP)
Andrew Bailey, el fiscal general de Misuri, anunció este lunes que dejará su cargo para sumarse al Gobierno de Donald Trump. Bailey es un leal simpatizante del presidente y ha señalado esta tarde que abandonará la Administración local para asumir las responsabilidades como subdirector del FBI, la agencia de investigación criminal de Estados Unidos.
Por El País
El fiscal compartirá este cargo con Dan Bongino, un bloguero ultraconservador convertido en funcionario que lleva semanas chocando con Pam Bondi, la fiscal general, por la posición de la Casa Blanca en el caso del pederasta Jeffrey Epstein.
Trump iba a hacer público el nombramiento este lunes, pero este se retrasó porque el Departamento de Justicia está evaluando el perfil de Bailey, un abogado que lleva siendo el fiscal general de Misuri desde 2023. El letrado, sin embargo, no es ningún desconocido para el presidente. Estuvo entre los entrevistados en Mar-a-Lago durante la transición para quedarse con el puesto que hoy ocupa Pam Bondi, la exfiscal general de Ron DeSantis en Florida.
Bailey ha hecho oficial el nombramiento a través de un comunicado en el que hace público su renuncia al cargo de fiscal, que se hará efectiva el 8 de septiembre. “Mi vida se ha definido por un llamado a servir y una vez más respondo a ese llamado, en esta ocasión a nivel nacional”, aseguró. El abogado también ha corroborado que se convertirá en el subdirector junto a Bongino bajo Kash Patel, el polémico director del FBI. Trump nombró en la cúpula de la agencia a dos críticos de la institución que prometieron llegar a Washington para ponerla patas arriba y reformarla.
El perfil de Bailey es muy distinto del de Patel y Bongino. El fiscal tiene una larga experiencia litigando en favor de las causas conservadoras. Desde Misuri inició varias demandas contra la Administración de Joe Biden para frenar políticas del presidente demócrata sobre inmigración, préstamos estudiantiles, regulación ambiental y de las armas de fuego. También se sumó a otros fiscales republicanos para impedir que los derechos de los estudiantes transgénero fueran reconocidos, pues consideraban que cualquier trato preferencial podía ser declarado inconstitucional a ojos de los tribunales.
En agosto del año pasado, Bailey amenazó con poner en marcha acciones legales contra un gimnasio privado de la ciudad de San Luis (una de las más grandes del Estado) que permitió a una mujer trans utilizar los vestidores de mujeres. El hecho provocó algunas protestas y la movilización de los políticos republicanos del Estado conservador.
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