“Ustedes tienen la obligación de pensar no la de hincarse ante la opinión”. Son palabras de Luis Castro Leiva ante el Congreso de la República el 23 de enero de 1998, cuando reclamó a los parlamentarios criterio propio frente a la fascinación por las encuestas y el creciente desprestigio de la política. Venezuela todavía podía escoger a sus gobernantes y sustituirlos mediante elecciones. El pensador advertía que el desprecio por la democracia estaba borrando la memoria de lo que había costado conquistar las libertades republicanas. Muchos creían que aquellas instituciones podían resistir indefinidamente la descalificación sistemática a la que estaban siendo sometidas. Esa advertencia merece recordarse cuando acabamos de celebrar 68 años del Pacto de Puntofijo.
Un breve tour d’horizon de su nacimiento, sus logros y su desgaste permite comprender cuánto hemos perdido y qué necesitamos recuperar. Suscrito el 31 de octubre de 1958, meses después de la caída de Pérez Jiménez y antes de las elecciones presidenciales, el acuerdo buscaba impedir que las rivalidades entre los partidos democráticos facilitaran el regreso del militarismo. Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera conocían el costo de sus desencuentros. Había que aprender a competir sin destruirse y dar a ese aprendizaje la fuerza de un acuerdo de gran calado.
Acción Democrática, URD y Copei acordaron defender la estabilidad, respetar los resultados electorales, formar un gobierno de unidad y sostener un programa mínimo común. Conservaban sus diferencias y sus aspiraciones presidenciales. Quien ganara las elecciones necesitaría el respaldo de sus adversarios para defender un sistema que, en los años siguientes, enfrentaría amenazas del militarismo de derecha y de izquierda, además del intervencionismo de Fidel Castro.
Ese entendimiento fue determinante para alcanzar una conquista que parecía impensable: subordinar el poder militar al liderazgo civil.
La estabilidad contó también con el respaldo de partidos con presencia en sindicatos, gremios, universidades y organizaciones populares. Podían comprometer a sus seguidores con los acuerdos porque representaban fuerzas sociales organizadas y tenían una dirigencia con prestigio. El pacto tenía raíces. La prueba más elocuente de ese compromiso llegó con la alternancia. Rafael Caldera ganó por estrecho margen las elecciones de 1968. Gonzalo Barrios reconoció su derrota y Raúl Leoni entregó sin vacilar la Presidencia al vencedor en marzo de 1969. El poder pasó democráticamente de un partido a otro por decisión de los electores.
El acuerdo tuvo, sin embargo, un flanco débil: dejó fuera al Partido Comunista, que había participado en la lucha contra la dictadura, y al perezjimenismo, que conservaba respaldo social. Aunque sus posiciones eran distintas, la estabilidad requería encontrar cauces para incorporar a todos los sectores políticos. El PCV se embarcó después en la lucha guerrillera y el perezjimenismo mostró su arraigo electoral en 1968, cuando Cruzada Cívica Nacionalista obtuvo alrededor de 400.000 votos y una importante representación parlamentaria. El temor al regreso de Pérez Jiménez al poder —esta vez por la vía electoral— impulsó una enmienda constitucional que impidió su candidatura en 1973. La barrera jurídica cerró el paso al antiguo dictador, pero no extinguió la fascinación por el militar salvador.
Con el tiempo, el sistema que había permitido procesar diferencias comenzó a perder capacidad para corregir sus entuertos. El clientelismo, la corrupción y la mediocridad fueron debilitando la estabilidad. El político con formación intelectual fue perdiendo terreno ante el pragmático sin cultura ni visión de futuro, más dispuesto a distribuir beneficios que a formular un proyecto nacional. El populismo encontró sustento en esa reducción de la política al reparto de la riqueza petrolera. Concentrados en sus cálculos inmediatos, muchos dirigentes no advirtieron la activación de los demonios de la democracia.
La antipolítica encontró allí su oportunidad. Las denuncias justificadas contra la corrupción se mezclaron con el desprecio indiscriminado por los partidos y el Congreso. Convertir “puntofijismo” en un insulto profundizó ese rechazo. Los defectos del sistema sirvieron para descalificar también sus importantes conquistas.
Ese peligro lo advirtió con claridad Castro Leiva. En su discurso de 1998 explicó que el desprecio por la democracia convivía con la admiración por la personalidad autoritaria y el romanticismo de la asonada. Había quienes se burlaban de los políticos mientras aguardaban a un hombre fuerte. La supuesta superación de la política preparaba el regreso del “gendarme necesario”. La tesis de Laureano Vallenilla Lanz encontraba nuevos ecos. Frente a esa amenaza, Castro Leiva propuso un nuevo pacto político nacional inspirado en Puntofijo. Hoy esa tarea vuelve a estar ante nosotros.
Rescatar el control civil del poder exige dirigentes capaces de convocar un acuerdo político de convivencia y construir alianzas para reconstruir las instituciones. La transición habrá dado un paso fundamental cuando el gobierno interino acate el resultado electoral y entregue civilizadamente la banda presidencial a la presidenta o al presidente que resulte vencedor. Para que esa alternancia sea posible, el chavismo deberá competir en igualdad de condiciones con la oposición, sin utilizar los tribunales para excluir adversarios, el árbitro electoral para inclinar la competencia ni los cuerpos de seguridad como instrumentos de terror. Una convivencia metida con calzador, que exigiera a la oposición aceptar intactos esos mecanismos de dominación, carecería de credibilidad. El compromiso democrático se demuestra al aceptar reglas que permitan perder el poder.
Ese acuerdo deberá tomar forma en un Pacto Republicano, inspirado en Puntofijo y abierto a cuantos acepten las reglas democráticas, que sostenga al nuevo gobierno y sea una de las vigas maestras de la consolidación republicana. Los venezolanos debemos poder vivir en paz, sin la amenaza de que una estructura represiva aniquile nuestras libertades. Eso exige una democracia sin presos políticos, con libertad de prensa, jueces independientes y medios de comunicación del Estado dedicados a informar y promover la cultura, al servicio de todos.
Luis Castro Leiva entendió que la democracia necesitaba memoria, pensamiento y responsabilidad para sobrevivir. Cerró su discurso con una exhortación que nuestra historia posterior convirtió en una advertencia indeleble: “Evitemos que otra vez tengamos que celebrar el olvido”.
