Esta semana ocurrió algo que conviene registrar, porque pasó casi inadvertido entre el ruido de la política. Delcy Rodríguez afirmó que habrá elecciones y que las habrá con una autoridad electoral renovada, aunque no fijó la fecha. Y María Corina Machado, desde la Universidad Católica Andrés Bello, sostuvo que la transición democrática es irreversible y, al trazar su hoja de ruta, enumeró los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo Consejo Nacional Electoral y la definición del calendario electoral.
Lean eso otra vez. Las dos coincidieron en la secuencia: primero las instituciones, después el voto. Es exactamente lo que desde el Programa de Organización Ciudadana, POC, con el liderazgo de CONFEPUV y del Frente Amplio Profesional Internacional, venimos sosteniendo desde el inicio, cuando aún era una posición incómoda: que el Poder Judicial es el primer poder que los regímenes autocráticos secuestran, y por tanto el primero que hay que recuperar. El debate ya no es si hay que reconstruir las instituciones. El debate es cuánto nos tardamos.
No son treinta y dos. Son treinta y cuatro.
Aquí está el dato de la semana que casi nadie ha destacado, y que explica por qué este proceso importa tanto más de lo que parece.
La convocatoria abierta por el Comité de Postulaciones Judiciales no es por treinta y dos cargos. Es por treinta y cuatro. A los treinta y dos magistrados de las salas del Tribunal Supremo se suman dos designaciones que rara vez se mencionan: el Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Quien conozca el diseño constitucional del Poder Judicial entenderá de inmediato el alcance. De la Sala Plena dependen tres órganos que, juntos, son el gobierno interno de la judicatura: la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que maneja lo administrativo y lo financiero; la Inspectoría General de Tribunales, que es el órgano de disciplina y decide quién sigue siendo juez; y la Escuela Nacional de la Magistratura, que forma y organiza los concursos de ingreso y de ascenso de todos los jueces del país.
Es decir: cambiando a los treinta y dos magistrados por venezolanos independientes, y designando bien esos dos cargos, se puede reconstruir todo el Poder Judicial de la República. Que los jueces entren por concurso de oposición, como lo ordena el artículo 255 de la Constitución. Podemos lograr que haya disciplina sin que sea un instrumento de presión. Que el presupuesto no sirva para tutelar a quien debe ser independiente. Y todo eso, esto es lo importante, en tiempos de emergencia y sin romper un solo principio ni un solo procedimiento constitucional.
Las fechas, para que nadie diga que no supo
El cronograma ya está fijado y lo transcribo, porque esta información es más útil que cualquier opinión mía.
La recepción de postulaciones se abrió el 28 de octubre y cierra el 11 de noviembre. El lapso de impugnaciones a los candidatos corre del 23 al 26 de noviembre. Las entrevistas se cumplirán a finales de ese mes. Y el 11 de diciembre el Comité debe presentar a los candidatos seleccionados.
Sobre la respuesta, un dato alentador: según el balance que el propio Comité publicó el 29 de octubre, en las primeras cuarenta y ocho horas ya se habían consignado ochenta y tres credenciales. El primer día habían sido unas veinte. La curva va en ascenso, y eso dice algo sobre el ánimo del foro jurídico venezolano.
La variable que nadie había calculado
El historiador Elías Pino Iturrieta hizo esta semana una observación que me parece la más aguda. Dijo que lo relevante del regreso de María Corina Machado no fue el regreso en sí, sino su capacidad de reconectar con sectores de la sociedad que permanecían desmovilizados. Y agregó algo que debería hacer pensar a más de uno: que la irrupción de la ciudadanía obliga a los factores nacionales e internacionales a reconsiderar sus cálculos, porque es una variable que no había sido tomada suficientemente en cuenta.
Esa frase describe exactamente por qué hacemos lo que hacemos. Hemos recorrido nueve estados explicando este proceso. Hace pocos días estuvimos en Anzoátegui, en la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, y en los próximos días estaremos en Monagas. Los fines de semana realizamos asambleas ciudadanas en las parroquias de Caracas. Eso no es logística de campaña: es la construcción de esa variable.
Nos acompañan en ese esfuerzo más de veinticinco organizaciones de venezolanos de dentro y fuera del país, la abogacía organizada que agrupa a cerca de cuatrocientos mil profesionales del derecho, las facultades de derecho y organizaciones no gubernamentales. Porque la transformación que significa cambiar el Poder Judicial en lapsos breves no la sostiene un gremio solo.
Están volviendo
Hay un hecho que quiero destacar y que me ha emocionado estas semanas. Está habiendo un despertar en la participación de juristas preparados que por múltiples causas se vieron obligados a abandonar el país, y que están entrando a su patria para participar en este proceso.
No vuelven a reclamar nada. Vuelven a concursar, con sus credenciales y su hoja de vida, en igualdad de condiciones con quienes nunca se fueron. Vivir fuera no es mérito, pero tampoco es demérito, y el país no puede permitirse excluir por un asunto de distancia a una parte importante de su mejor capital profesional.
La cita del 23 de noviembre
Termino con lo que le corresponde al ciudadano común, que es la parte de este proceso que más se repite y menos se concreta.
Esto no es solamente una tarea de abogados. La ley dispone un lapso para que cualquier ciudadano pueda impugnar a un aspirante, siempre que tenga pruebas para ello. Ese lapso ya tiene fecha: del 23 al 26 de noviembre. Cuatro días. Anótelos.
Si usted sabe algo verificable sobre alguien que aspira a decidir, durante doce años, si le devuelven su casa, si le pagan su prestación o si sale libre un preso político, esa es su oportunidad de decirlo. Con pruebas, por escrito y en el lapso. No después, cuando ya estén juramentados.
Los ojos del país están puestos en la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia, y con ellos una esperanza que no conviene defraudar. Las dos orillas coincidieron en el camino. Ahora falta que el país camine.
