El narcoterrorismo es la cooperación estratégica entre mafias de narcotráfico y grupos armados extremistas o insurgentes, que comparten recursos y capacidades para enfrentar a los gobiernos y expandir su influencia mediante la violencia y la corrupción, dice el general de brigada en reserva del Ejército Juan Antonio Herrera Betancourt a propósito de las decisiones de Estados Unidos contra carteles mexicanos y venezolanos.
Por Sebastiana Barráez
Este general, quien preside el Frente Institucional Militar (FIM), agrega que una organización con más de dos centenares de oficiales retirados, que “cuando el más alto nivel del Estado colabora con los cárteles, enfrentar la situación exige estrategia, solidaridad y máxima cautela, de acuerdo con un plan de acción”.
“La presencia coordinada, la documentación impecable y el respaldo de la comunidad nacional e internacional son las herramientas más poderosas para recuperar la democracia y la justicia”.
Herrera observa que debe considerarse cómo el narcoterrorismo “socava las funciones cohesionadoras del Estado al debilitar el tejido social y la confianza ciudadana en las instituciones. Mediante sobornos, amenazas y violencia, grupos criminales desplazan a las autoridades legítimas, promoviendo la impunidad al deber por la ley”.
Por ello, considera que la forma más efectiva para combatir el narcotráfico consiste en combinar acciones coordinadas en prevención, aplicación de la ley y desarrollo económico. “Al integrar estas tres dimensiones impiden que el problema se traslade de un ámbito a otro, y debilita las redes criminales desde su raíz”.
Como parte de las políticas para enfrentar el flagelo cita la cooperación internacional e intercambio de inteligencia. “Los cárteles operan a escala transnacional. El intercambio de información entre agencias de distintos países permite anticipar rutas, desmantelar laboratorios y coordinar detenciones simultáneas. Esta colaboración abarca desde operaciones conjuntas hasta armonizar procesos de extradición”.
Se le suma la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y luchar contra la corrupción. “Sin un sistema judicial y fuerzas de seguridad, independientes y transparentes, cualquier decomiso de activos y su respectivo procedimiento penal, no serán sostenidos a largos plazos”, de ahí la relevancia del fortalecimiento de las instituciones.
Nota completa en Infobae
