El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), José Gregorio Afonso, denunció este viernes 30 de octubre la desprotección que enfrentan los trabajadores jubilados del sector público, especialmente aquellos que tuvieron que emigrar por razones familiares o de salud.
Por: lapatilla.com
Durante una entrevista concedida al programa Buenos Días, transmitido por el medio digital Vpitv, Afonso cuestionó que las autoridades utilicen los registros migratorios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para identificar a los pensionados que se encuentran fuera del país y suspenderles el pago de bonificaciones y otros beneficios laborales.
Según explicó, esta medida afecta a jubilados de los sectores educativo, sanitario y de la administración pública, quienes en muchos casos salieron de Venezuela para recibir atención médica o permanecer bajo el cuidado de sus familiares.
“Un trabajador de la administración pública (…) que se jubila y se lo llevan los hijos porque aquí se puede morir ante cualquier contingencia de salud… bueno, ellos cruzan la data del sistema de pago con la del Saime (…) y a los que están fuera no se les paga ningún tipo de bonificación, como si jubilarse fuera un delito”, afirmó.
El dirigente gremial sostuvo que, en el 90 % de los casos, la salida del país no responde a una decisión voluntaria o a una búsqueda de mejores condiciones de vida, sino a la necesidad de protegerse ante las dificultades que enfrentan en Venezuela.
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Afonso también recordó que el pasado jueves 29 de octubre trabajadores de los sectores educativo —en sus niveles básico, medio y universitario— y de salud realizaron una movilización conjunta en distintas regiones del país. La protesta tuvo como objetivo exigir mejoras salariales y el cumplimiento de sus reivindicaciones laborales. Sin embargo, el presidente de la Apucv lamentó que las autoridades todavía no hayan ofrecido respuestas concretas a las demandas de los trabajadores.
Asimismo, cuestionó el reciente discurso de Delcy Rodríguez, al considerar que no presentó soluciones a los problemas que afectan a la clase trabajadora y mantuvo planteamientos que, a su juicio, no atienden las dificultades estructurales del país.
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el tamaño de la estructura administrativa del Estado y los recursos que se destinan a mantenerla, en contraste con la falta de mejoras en los ingresos de los trabajadores públicos.
Afonso señaló que Venezuela cuenta con 32 ministerios y más de un centenar de viceministros, con un promedio de dos a tres funcionarios de ese rango por cada cartera ministerial. Como ejemplo, mencionó la estructura del Ministerio de Educación Universitaria, donde existen dependencias con denominaciones como los viceministerios de “Buen Vivir” y “Transformación Cualitativa”.
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El representante gremial cuestionó los recursos destinados al funcionamiento de estos despachos, entre ellos vehículos, oficinas y esquemas de seguridad para sus titulares.
A su juicio, el mantenimiento de esta estructura burocrática representa un gasto público desproporcionado, especialmente cuando los trabajadores del sector público continúan exigiendo salarios y beneficios que les permitan cubrir sus necesidades básicas.
Finalmente, Afonso puso el foco en la diferencia entre los recursos destinados al funcionamiento de la administración estatal y la falta de respuestas a las necesidades de los trabajadores activos y jubilados.
Video, cortesía: X/@VPITV
