La nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro, por corrupción, busca demostrar cómo el hijo del presidente Gustavo Petro y su entonces esposa Day Vásquez, integrantes de la familia presidencial, lograron corromper una fundación que llevaba tres décadas en Barranquilla: la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
Por Semana
La diligencia de imputación incluirá una solicitud de medida de aseguramiento que podría regresar a la cárcel a Nicolás Petro. En este capítulo se anticipan hechos muy graves contra el proceso, la fiscal, la independencia y la autonomía de la justicia. Lo que no se logra en los estrados, se ataca en las redes sociales.
Los documentos, videos y constancias advierten cómo el hijo del presidente y hasta el propio jefe de Estado se atravesaron en la investigación y escogieron a la fiscal Lucy Laborde, la encargada de buscar una condena contra el exdiputado del Atlántico, como la receptora de señalamientos y amenazas. La fiscal Laborde, que no pidió esta investigación, sino que se la asignaron, terminó metida en un ataque sin precedentes, incluso desde la propia Fiscalía.
El presidente la tildó de estar al servicio de una campaña presidencial, de no tener independencia y de “obedecer a deseos de venganza”. No hubo un solo reparo de la Fiscalía a esa arremetida. Por el contrario, al parecer, le dieron la razón al primer mandatario, al nombrar a una fiscal de apoyo y convocar “mesas de trabajo” con el único propósito de quitarle la investigación a la fiscal Laborde bajo el argumento de “evitar la duplicidad de esfuerzos investigativos”.
Para la fiscal Laborde, y no tanto para las directivas de la Fiscalía, Nicolás Petro se enriqueció con los aportes que giraron personajes de dudosa reputación con destino a la campaña presidencial de su papá, pero que se quedaron a la mitad del camino en una caja fuerte y en el clóset del exdiputado.
De acuerdo con la investigación, el exdiputado Nicolás Petro, quien ocupaba la curul de la oposición en la Asamblea de Atlántico, recibió cientos de millones de pesos a través de la Fundación Conciencia Social. Hace más de dos años hubo compulsas de copias, realizadas por el fiscal Mario Burgos para investigar a particulares y funcionarios públicos, pero no pasó nada. Los protagonistas están campantes y la impunidad rampante.
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