Los francotiradores llevaban casi 10 minutos disparando cuando alguien llamó al 911. Un hombre que conducía por la autopista le dijo a la policía que creyó escuchar fuegos artificiales al pasar por la subestación eléctrica de Metcalf, de Pacific Gas and Electric, a 24 kilómetros al sureste de San José. Un ingeniero de una central eléctrica cercana dijo que le había parecido oír disparos. Quizá hubieran llegado más llamadas, pero la conexión entre la subestación y PG&E, junto con varios cables de teléfono e internet, se había cortado. Era el 16 de abril de 2013.
Los tiradores —dos, quizá más— tomaron posiciones a entre 27 y 37 metros del perímetro de la subestación, en el matorral seco cercano a Coyote Creek. A la 1:31 de la madrugada, después de que una cámara de seguridad captara lo que parecía ser una señal hecha con una linterna, comenzaron a disparar con rifles de alto calibre contra las instalaciones. Saltaban chispas al aire cada vez que las balas rozaban la cerca de tela metálica, pero la mayoría de los disparos dieron en sus blancos aparentes: una hilera de transformadores eléctricos del tamaño de un camión, que reducen la electricidad de alto voltaje a voltajes más bajos para que pueda enviarse a hogares y negocios locales. Como estábamos en Silicon Valley, entre esos clientes estaban algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo.
Tras unos 120 disparos, 17 de los transformadores de Metcalf habían quedado inutilizados. Los atacantes sabían que tenían que apuntar a los sistemas de refrigeración de las unidades, unas aletas llenas de aceite similares a las de un radiador, que disipan el calor del núcleo electrificado. Eso permitió que el aceite —unos 197.000 litros— se drenara lentamente, de modo que los transformadores no fallaran de inmediato, lo que habría activado una alarma. Los tiradores pudieron tomarse su tiempo.
A la 1:50 a. m., se vio otro destello de linterna y los disparos cesaron. Un minuto después, la policía llegó a la subestación, pero para entonces los tiradores ya se habían ido. La policía echó un vistazo y, al no encontrar nada sospechoso, también se marchó. No fue hasta que llegó un trabajador de la compañía eléctrica a las 3:15 a. m. cuando quedó claro el alcance de los daños.
El presidente de PG&E recurrió a la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC por su sigla en inglés), responsable de garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico general, es decir, la red.
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