Aportes de la Apertura Petrolera 1.0 a un debate de USD 100 MMM: ¿por qué la física del yacimiento no resuelve el costo de capital ni la desalineación de los relojes políticos?
Aclaratoria necesaria: Escribo estas líneas a partir de mi experiencia directa como participante en la Apertura Petrolera venezolana desde el Ministerio de Hacienda durante la segunda presidencia de Rafael Caldera —un proceso que sirvió de modelo para esquemas de apertura en diversas latitudes—. Lejos de emitir juicios de valor político (los cuales tengo y me reservo para otros espacios), mi propósito aquí es estrictamente analítico, como el de aportar la perspectiva adquirida tras años de trabajo en el desarrollo y estructuración de proyectos complejos. A lo largo del texto, expongo observaciones sencillas sobre los componentes fundamentales de esta inusual arquitectura financiera y corporativa, abordando las preguntas esenciales que cualquier analista profesional de riesgo se formularía antes de comprometer capital a largo plazo.
Comencemos…
Hay una pregunta que debería estar en el centro del debate sobre el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela y que, hasta ahora, ha recibido mucha menos atención de la que merece:
¿Quién financiará realmente los hasta USD 100.000 millones que North American Blue Energy Partners (NABEP) dice que invertirá en Venezuela?
Pero hay una segunda pregunta, todavía más profunda:
¿Quién garantiza que la arquitectura política que hace posible hoy ese proyecto seguirá existiendo dentro de 10, 20 o 40 años?
Porque NABEP no está recibiendo un contrato convencional de explotación petrolera. Está recibiendo concesiones por 100 años sobre 17 campos que, según la Casa Blanca y la propia empresa, contienen alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas probadas. Washington, además, obtiene una participación del 35% en la matriz corporativa, derechos preferenciales sobre la producción y poder de veto sobre la designación de miembros del directorio.
La escala obliga a mirar el acuerdo desde otra perspectiva que no es la enunciativa.
1. Petróleo no es dinero
Tener acceso a 65.000 millones de barriles (cantidad no certificada) no significa disponer de USD 100.000 millones.
Una reserva petrolera es un activo económico. Para convertirla en flujo de caja hay que perforar, construir infraestructura, instalar equipos, recuperar producción declinante, desarrollar transporte, mejorar instalaciones de procesamiento y sostener durante décadas enormes inversiones de capital (CAPEX).
NABEP afirma que ya elevó su producción desde unos 18.000 barriles diarios hasta más de 200.000 (cifras no auditadas) y que ha invertido cerca de USD 1.000 millones de capital propio. Ahora plantea llevar la producción por encima de un millón de barriles diarios y movilizar cerca de USD 100.000 millones.
En este análisis utilizaremos esas cifras anunciadas que nadie ha certificado, pero son las que tiene, por ahora, el mercado. Sigamos…
La pregunta financiera básica es inevitable y pertinente: ¿Puede una compañía de ese tamaño levantar USD 100.000 millones exclusivamente sobre la fortaleza de sus propios activos, contratos, balance y capacidad operativa?
Porque una cosa es controlar un supuesto petróleo in situ y otra, muy diferente, es conseguir que bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, private equity, mercados de bonos y accionistas institucionales comprometan durante décadas el capital necesario para desarrollarlo.
2. ¿Cuánto capital propio puede aportar NABEP?
Esta es quizás la pregunta más sencilla y, paradójicamente, una de las menos discutidas. Esa pregunta básica que se aprende con buenos profesores o experiencia.
Si NABEP ha invertido aproximadamente USD 1.000 millones para alcanzar su escala actual y anuncia ahora inversiones cercanas a USD 100.000 millones, estamos hablando de una expansión de un orden de magnitud extraordinario: es un salto de 100x o un 9.900% de aumento sobre el capital base de 1.000 millones.
Por supuesto, el capital futuro no tiene que provenir del accionista controlador. Puede proceder de deuda, equity, project finance, offtake financing, fondos institucionales, socios estratégicos o mercados de capitales. Pero todos ellos exigirán algo básico: cuál es el riesgo ajustado por rendimiento.
Y aquí empiezan las primeras preguntas: ¿Cuál será el costo de capital de un proyecto petrolero venezolano con concesiones a 100 años, en un país que acaba de atravesar una ruptura política extraordinaria, cuyo marco institucional todavía está en transición y cuyos activos están expuestos a riesgos regulatorios, jurídicos y políticos?
Y seamos claros. La pregunta no es si Venezuela tiene petróleo. Es una necedad hacerla, el país tiene uno de los menores riesgos geológicos con más de 100 años de actividad petrolera. La pregunta que se hace un analista financiero es: ¿a qué costo de capital puede financiarse ese petróleo?
3. ¿Qué ocurre si quitamos a Washington del modelo?
Este debería ser el test financiero fundamental. Imaginemos, por un momento, que desaparecen del acuerdo:
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El 35% de participación estadounidense;
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Los derechos preferenciales sobre la producción;
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El derecho de primera oferta;
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El poder de veto sobre el directorio;
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El respaldo político de Washington;
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Y la protección implícita que puede proporcionar la presencia del Gobierno estadounidense.
¿Seguiría NABEP pudiendo levantar USD 100.000 millones en los mercados internacionales?
Si la respuesta es sí, entonces estamos ante un proyecto genuinamente financiable por el mercado. Si la respuesta es no, entonces la pregunta cambia: ¿Cuánto de la bancabilidad de NABEP proviene de sus activos hidrocarburíferos y cuánto es, en la práctica, una garantía implícita del balance soberano de Estados Unidos para rebajar el costo de capital de la empresa?
Esa diferencia es básica. Porque que el Gobierno estadounidense diga que el 35% se entrega “sin costo para el contribuyente” no significa que la participación estatal esté necesariamente libre de riesgo.
El Estado estadounidense puede asumir riesgo sin desembolsar inicialmente USD 100.000 millones. Puede hacerlo mediante derechos económicos, garantías, acceso preferencial, respaldo diplomático, protección jurídica, participación accionaria, mecanismos de offtake o capacidad para reducir determinados riesgos percibidos por los inversionistas.
Pero “no costo presupuestario inicial” no es lo mismo que “ausencia de riesgo público”.
4. Una pregunta pertinente: ¿por qué NABEP?
Esta pregunta adquiere todavía más fuerza porque no es cierto que el nuevo entorno petrolero venezolano carezca de compañías internacionales dispuestas a invertir. Chevron anunció inversiones superiores a USD 7.000 millones y un objetivo de producción de aproximadamente 600.000 barriles diarios en Venezuela. Eni también está desarrollando proyectos de crudo pesado.
Entonces surge una pregunta perfectamente legítima desde el punto de vista económico: ¿Qué tiene NABEP que Chevron y Eni no tienen?
¿Capital? ¿Tecnología? ¿Experiencia operativa? ¿Capacidad para ejecutar proyectos gigantescos? ¿Acceso privilegiado a algunas áreas? ¿Conocimiento del terreno? ¿Velocidad de ejecución? ¿Relaciones locales? ¿O una combinación particular de acceso empresarial y acceso político?
No se trata de cuestionar que NABEP pueda tener ventajas competitivas. Se trata de identificar cuáles son. Porque si el Gobierno estadounidense está poniendo una participación del 35% y derechos estratégicos sobre la producción de 17 campos (entre maduros y greenfield), el mercado debería poder entender por qué ese particular vehículo privado fue considerado el mejor instrumento para movilizar semejante cantidad de capital.
5. La salida de Harry Sargeant plantea otra pregunta
Harry Sargeant III, empresario estadounidense y cofundador de NABEP, salió de su participación en agosto de 2026, poco antes de que se hicieran públicos los términos del acuerdo estadounidense. La prensa reportó una operación de aproximadamente USD 300 millones y señaló que el comprador estaba vinculado al entorno del accionista controlador Alejandro Betancourt.
Esto no permite inferir por sí mismo ninguna irregularidad. Pero desde la perspectiva de due diligence existe una pregunta que merece ser respondida: ¿Cuándo se negoció la salida de Sargeant respecto de las negociaciones que culminaron con la participación del Gobierno estadounidense?
Y otras preguntas acompañan inevitablemente a esa:
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¿Tenía información previa de los términos que Washington estaba negociando?
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¿El precio de la operación reflejaba esos derechos futuros?
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¿Quién compró exactamente esa participación? ¿Qué derechos conservó o perdió Sargeant?
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Y, sobre todo: ¿por qué salir precisamente antes de que el Gobierno estadounidense adquiriera una participación económica y estratégica en la estructura?
Y ojo, esto no es una acusación. Es una pregunta de calibración. Y en una operación de esta magnitud, las preguntas de calibración importan. Y mucho.
En finanzas corporativas y Private Equity, la salida del socio operativo fundador justo antes de la revalorización de un activo estratégico no es un detalle anecdótico: es un evento crítico de valoración que cualquier sindicato bancario analizará en la etapa de Due Diligence.
6. El tiempo es un riesgo todavía mayor
Aquí aparece una dimensión que puede ser incluso más importante que el costo de capital.
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La concesión dura hipotéticamente 100 años.
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La política presidencial estadounidense dura cuatro. Las elecciones de medio término ocurren cada dos.
El presidente que negoció el acuerdo puede no estar en la Casa Blanca cuando NABEP necesite levantar la segunda, tercera o cuarta ronda de capital. Puede haber otra administración. Puede cambiar la mayoría de la Cámara de Representatives. Puede cambiar la mayoría del Senado. Puede cambiar la política energética. Puede cambiar la percepción estadounidense sobre Venezuela. Puede cambiar la relación de Washington con Caracas. Y puede cambiar la valoración estratégica del petróleo venezolano.
Entonces aparece una pregunta que debería formar parte de cualquier análisis serio de riesgo: ¿Cómo se financia un proyecto de 100 años cuando la política que lo sustenta se renueva cada cuatro años con pruebas de estrés cada dos años?
7. Me pregunto, ¿el verdadero activo podría ser la continuidad de Washington?
Esta es, quizá, la pregunta más profunda de todo el acuerdo. Un inversionista que aporte capital a NABEP no solamente estará evaluando: reservas, producción, costos, precio del petróleo, infraestructura, impuestos, regalías, riesgo país y calidad del operador. También tendrá que evaluar algo mucho más difícil de cuantificar: la continuidad de la política estadounidense hacia Venezuela.
Porque si NABEP depende sustancialmente del respaldo de Washington para ser financiable, entonces su riesgo no será exclusivamente petrolero; será también un riesgo político estadounidense.
El inversionista tendrá que preguntarse si las futuras administraciones mantendrán el reconocimiento de las concesiones, la participación estadounidense, los derechos preferenciales sobre el crudo, la estructura de gobernanza, el respaldo diplomático, el marco de sanciones y la relación privilegiada con el futuro Estado venezolano.
La pregunta, por tanto, no es solamente si NABEP puede sobrevivir a un cambio de gobierno en Venezuela; es si puede sobrevivir a un cambio de gobierno en Estados Unidos.
8. ¿Trump está creando una política de Estado o una política de administración?
Aquí está probablemente la cuestión política más importante. No es lo mismo decir: “La administración Trump respalda NABEP” que decir: “Estados Unidos ha convertido NABEP en un activo estratégico de Estado”.
La primera afirmación tiene horizonte presidencial. La segunda exige instituciones capaces de trascender administraciones.
Y la propia estructura del acuerdo parece diseñada para darle permanencia económica a la participación estadounidense: Washington obtiene el 35% y, según funcionarios estadounidenses, esa posición fue estructurada mediante penny warrants para evitar que se diluya cuando NABEP consiga nuevo capital.
Esto es significativo. Porque si el Gobierno estadounidense está preocupado por no ser diluido cuando llegue el capital privado, entonces está pensando en el NABEP de mañana, no solamente en el NABEP de hoy. La pregunta es si esa misma arquitectura tiene mecanismos suficientes para garantizar la continuidad política del acuerdo durante las próximas décadas.
9. La contradicción fundamental y la teoría de juegos
Aquí aparece una paradoja que merece mucha más atención. Para desarrollar un proyecto petrolero venezolano durante un siglo se necesita estabilidad jurídica. Pero la arquitectura política que actualmente lo sostiene depende de una relación entre dos Estados que están atravesando una transición extraordinaria.
Venezuela necesita estabilidad política para garantizar las concesiones. NABEP necesita estabilidad financiera para levantar el capital. Los inversionistas necesitan estabilidad jurídica para comprometer capital de largo plazo. Y Washington necesita continuidad política para defender una estructura que puede extenderse mucho más allá de cualquier administración presidencial.
Son cuatro relojes distintos:
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El petróleo puede durar 100 años.
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La concesión puede durar 100 años.
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El capital puede tener horizontes de 20 o 30 años.
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Pero los ciclos políticos estadounidenses tienen una escala de 2 y 4 años.
¿Cómo se sincronizan esos relojes?
En teoría de juegos y análisis de decisiones estratégicas, la sincronización de los relojes (o desfase de horizontes temporales) es un factor determinante para la estabilidad de cualquier acuerdo de largo plazo. Cuando los actores con poder de decisión operan bajo dinámicas temporales distintas, el juego cambia de categoría: pasa de ser un juego cooperativo de equilibrio continuo a un juego dinámico con inconsistencia temporal
En el desarrollo de grandes proyectos, la viabilidad no la otorga la magnitud del activo, sino la capacidad de diseñar incentivos que mantengan los relojes de las partes alineados a lo largo del tiempo.
10. La prueba definitiva: Los 11 índices de bancabilidad
Por eso, más que discutir si 65.000 millones de barriles justifican el acuerdo, habría que someter NABEP a una prueba mucho más exigente: eliminar del modelo el respaldo excepcional del Gobierno estadounidense y calcular entonces 11 índices básicos de bancabilidad:
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Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)
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Valor de empresa (Enterprise Value)
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Capacidad de endeudamiento (Debt Capacity)
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Flujo de caja proyectado (DSCR)
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Valor presente neto de las reservas (NPV)
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Riesgo país (Prima de riesgo)
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Riesgo jurídico
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Riesgo político
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Necesidades de Equity
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Capacidad de Project Finance
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Capacidad real de captar los USD 100.000 millones
Si el proyecto continúa siendo financiable bajo esas condiciones, estaremos ante una extraordinaria oportunidad privada de inversión petrolera. Si deja de serlo, entonces habrá que reconocer algo diferente: que la participación del Gobierno estadounidense no es simplemente una consecuencia del proyecto; es una parte estructural de lo que hace posible la financiación.
Y esa distinción cambia completamente la naturaleza económica de NABEP.
Anexo de Sensibilidad Financiera: El factor Merey 16
Sometiendo los números anunciados a un modelo de sensibilidad estándar a 25 años (escalando la producción a 1 millón de barriles diarios a partir del año 5 sobre USD 100.000 millones de CAPEX), surge una realidad comercial insoslayable
Es un ejercicio que puede reproducir cualquier profesional de las finanzas, banca de inversión, private equity o planificación corporativa.
Supuestos
Para efectos ilustrativos se consideran:
- inversión total: USD 100.000 millones;
- horizonte de evaluación: 25 años;
- producción: incremento progresivo desde aproximadamente 200.000 barriles diarios hasta 1 millón de barriles diarios;
- producción de 1 millón de barriles diarios a partir del quinto año;
- costo operativo promedio: USD 20 por barril;
- CAPEX de mantenimiento: 5% de los ingresos;
- precio del crudo: escenarios de USD 60, USD 70, USD 80 y USD 90 por barril;
- regalías e impuestos: calibrados, únicamente para este ejercicio, de manera que reproduzcan aproximadamente los US$200.000 millones que la Casa Blanca estima que Venezuela recibiría durante los primeros 25 años.
Son supuestos simplificados. Precisamente por eso deben interpretarse como una prueba de sensibilidad, no como una proyección de resultados.
Nota sobre el descuento por calidad: Los análisis públicos suelen citar el WTI. Sin embargo, la oferta de esos campos correspondería a crudos pesados/extrapesados comercializados como Merey 16°API, que cotiza con un descuento histórico de USD 8 a USD 12 por barril frente al WTI. Para que NABEP reciba un precio efectivo de USD 80 /barril en cabezal de pozo, el WTI debe cotizar de forma constante por encima de los USD 86–90/barril.
El veredicto del costo de capital: Para un proyecto en una jurisdicción en transición, el costo de capital exigido oscila entre 12% y 15%. Una TIR del 8,1% en un escenario alcista de USD 90 WTI demuestra que, sin el colapso de la prima de riesgo que aporta Washington, el Valor Presente Neto (VPN) continúa profundamente en terreno negativo.
Los números son tercos
Existe una paradoja política y económica de primer orden que hasta ahora no se ha confrontado en el debate público: el conflicto irresoluble entre el objetivo macroeconómico de Washington y la necesidad microeconómica de NABEP.
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La narrativa política (El crudo a USD 50): La estrategia energética de la administración estadounidense se fundamenta en maximizar la oferta global para reducir los precios del petróleo a niveles de USD 40 – USD 50 por barril, buscando abaratar la gasolina, frenar la inflación en el mercado interno norteamericano y llenar a bajos costo la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR)
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La realidad financiera de NABEP (El crudo a USD 85+): La oferta de la Faja del Orinoco se compone de crudos pesados y extrapesados que se comercializan como Merey 16°API. Este crudo sufre un descuento histórico de USD 8 a USD 12 por barril frente al WTI debido a los costos de dilución, transporte y refinación pesada.
Para que NABEP reciba un precio neto real de USD 70 – USD 80 por barril en cabezal de pozo —mínimo indispensable para que el proyecto obtenga una TIR superior al 12 % y pueda repagar el financiamiento de USD 100.000 millones—, el WTI en Nueva York tendría que cotizar de manera sostenida por encima de los USD 86 – USD 90 por barril.
Engtonces, veamos el dilema de política pública
Si Washington logra su promesa política de derrumbar el precio del petróleo a nivel global, quiebra automáticamente la ecuación económica de NABEP, haciendo inviable la movilización de capital privado a la Faja. Si, por el contrario, el mercado mantiene los precios en niveles lo suficientemente altos como para hacer a NABEP financiable (WTI en USD 85+), la narrativa de “energía barata” de la administración pierde su sustento.
El proyecto nace, por tanto, con una incoherencia de origen: se sustenta sobre la protección de una administración cuyo objetivo explícito de precios destruye la rentabilidad del activo que promete apadrinar.
No se puede construir un plan de financiamiento a 25 o 100 años basado en un activo cuya viabilidad financiera requiere exactamente lo opuesto a lo que la política energética del patrocinante promete ejecutar.
11. La pregunta que queda y la perspectiva nacional
La discusión pública se ha concentrado en cuánto petróleo tiene Venezuela. Debería concentrarse también en algo mucho más importante: ¿qué empresa tiene la capacidad financiera, operativa e institucional para convertir ese petróleo en USD 100.000 millones de inversión real?
Y después formular las preguntas que el mercado y el país todavía necesitan ver respondidas con total transparencia:
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¿Por qué NABEP y no un consorcio transparente entre grandes petroleras internacionales (Majors) con balance comprobado?
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¿Por qué esta estructura corporativa y un horizonte de 100 años?
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¿Por qué una participación del 35% a favor de un gobierno extranjero y derechos preferenciales de producción?
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¿Por qué mecanismos de protección contra la dilución de esa participación estatal externa?
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¿Por qué un cambio de accionistas clave inmediatamente antes de la firma del acuerdo?
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Y, sobre todo: ¿qué mecanismos garantizan que todo esto seguirá siendo legal, institucional y políticamente defendible cuando cambien los presidentes, los congresos y las prioridades en Washington y en Caracas?
La visión desde el interés nacional
Como venezolano que participó en la estructuración de la Apertura Petrolera —un proceso concebido para atraer el mejor capital del mundo bajo reglas de juego claras, competitivas e institucionales—, mi convicción es que Venezuela necesita y merece inversiones de escala global. Queremos ver de nuevo taladros operando, infraestructura moderna, empleo calificado y riqueza fluyendo.
Pero los mejores acuerdos para la Nación no son los que dependen de la discrecionalidad política de una administración de turno ni de arquitecturas financieras excepcionales. Los mejores acuerdos para Venezuela son aquellos que superan la prueba del mercado, la prueba del tiempo y la prueba de la soberanía.
Un contrato de 100 años (pueden ser 25, 35 o cualquier cantidad de años) sobre las reservas del país no puede sustentarse en la fragilidad de un alineamiento político coyuntural. Si el acuerdo no es sólido bajo criterios estrictos de banca de inversión, si no es transparente para la opinión pública y si no garantiza el máximo valor para el Estado venezolano en igualdad de condiciones de mercado, corremos el riesgo de sustituir la viabilidad económica por la vulnerabilidad institucional.
El verdadero desafío de NABEP y sus socios no es demostrar que Venezuela tiene petróleo; eso es un hecho físico comprobado. El verdadero desafío es demostrar que puede convertir ese petróleo en capital, el capital en producción y la producción en valor compartido, bajo condiciones que sigan siendo defendibles frente a los venezolanos y ante los mercados internacionales durante los próximos 25, 35 o 100 años.
El petróleo está en nuestro subsuelo. Pero la pregunta decisiva para el futuro de la República sigue en el aire: ¿dónde está, realmente, la fuente de la confianza y de la legitimidad que hará posible financiarlo?
David Morán Bohórquez es ingeniero industrial, miembro de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela y del Consejo Directivo de Cedice Libertad.
En X: @morandavid
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