Advirtiendo que la persecución por motivos políticos se está intensificando, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela señaló en un nuevo informe que la única esperanza de que las victimas encuentren justicia recae en la comunidad internacional.
El informe, que será presentado esta misma mañana ante el Consejo de Derechos Humanos, revela nueva evidencia de la dura represión postelectoral tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y advierte que la persecución por motivos políticos, incluyendo contra quienes defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, ha continuado en 2025.
La Misión de Determinación de los Hechos ha concluido que, de las 25 muertes en protesta ocurridas entre el 29 y 30 de julio de 2024, los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados en al menos 12 de ellas. En las protestas de la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99 Brigada del Ejército dispararon armas de fuego contra manifestantes y seis personas murieron. Una de ellas recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros de distancia.
“La Fiscalía no ha informado públicamente sobre los avances o conclusiones de las investigaciones que afirmó haber iniciado sobre estos incidentes, aunque desde el principio aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad alguna en las muertes y por el contrario señaló a la oposición como autora”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos. “Sin embargo, nuestra investigación ha revelado lo contrario y, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad.”
La Misión de Determinación de los Hechos investigó la muerte bajo custodia del Estado de cinco personas detenidas durante las protestas de 2024 y 2025. En dos de estos casos, la Misión alcanzó motivos razonables para creer que el Estado no actuó con la debida diligencia respecto de los detenidos a quienes no brindó atención de salud oportuna y adecuada. Estas personas fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“El Estado tiene una obligación redoblada de garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de toda persona bajo su custodia. Las muertes de personas detenidas tras las elecciones presidenciales por el deterioro de su salud en prisión constituyen privaciones arbitrarias de la vida”, manifestó Patricia Tappatá, experta de la Misión de Determinación de los Hechos. “A las muertes mismas se añade el maltrato a las familias, la falta de investigación, la falta de aplicación de los protocolos internacionales, y la complicidad de otras instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo”.
Las autoridades excarcelaron progresivamente a 2.006 personas de las 2.220 detenidas en las protestas postelectorales de 2024, pero, al mismo tiempo, continuaron con la represión y detenciones selectivas. La Misión de Determinación de los Hechos ha documentado al menos 200 nuevas detenciones contra voces críticas del Gobierno, personas opositoras o percibidas como tales.
Video: @UN_HRC
Un número sin precedente de personas extranjeras han sido detenidas y mantenidas en estricto régimen de incomunicación prolongada, en contra de lo establecido por el derecho internacional. Esto ha configurado desapariciones forzadas, algunas de más de seis meses de duración.
El informe de la Misión de Determinación de los Hechos también revela que al menos 220 niños y niñas, con edades entre 13 y 17 años, fueron detenidos en el marco de este patrón de represión que siguió a las elecciones del 28 de julio de 2024. Durante su reclusión, y sin tener en cuenta ni su edad ni el interés superior, los niños y niñas fueron sometidos a incomunicación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, actos de violencia sexual, y violaciones al debido proceso. Cuatro adolescentes permanecen todavía detenidos en los estados de la Guaira y Lara.
“Las detenciones de 2025 continuaron contra personas opositoras o percibidas como tales, al igual que en 2024, con detenciones sin base legal ni orden judicial, en múltiples ocasiones realizadas por individuos enmascarados y sin identificación oficial. También se continúan fabricando expedientes penales y violando gravemente los principios de un juicio justo con total impunidad y connivencia judicial”, puntualizó Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos. “Ante el sometimiento de la justicia al ejecutivo, la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas en Venezuela reposa sobre las instancias internacionales”.
Los cuerpos de seguridad emplearon bolsas plásticas para asfixiar y propinaron palizas, patadas, golpes de puño o con bates contra las personas detenidas, independientemente de su edad y género. También se perpetraron actos de tortura sexual, como amenazas de violación, y aplicación de electricidad en los genitales. Los tribunales ignoraron las denuncias por estos actos, al igual que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público que no emprendieron ninguna investigación.
La maquinaria represiva del Estado sigue asfixiando a la sociedad civil venezolana, sea o no opositora. El marco jurídico adoptado en los últimos meses, a través de las leyes de “financiación de las ONG” y “Simón Bolívar”, han forzado a muchas organizaciones a limitar sus programas o, incluso, a cerrarlos. Las desproporcionadas medidas y sanciones que contemplan estas leyes, así como el poder altamente discrecional que confieren a las autoridades, hacen que estas normas funcionen como piezas adicionales de la maquinaria represiva del Estado.
“Las evidencias alcanzadas por la Misión durante este ciclo investigativo confirman que el crimen de persecución fundado en motivos políticos continúa cometiéndose en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar las graves violaciones de derechos humanos que configuran este crimen internacional”, concluyó Marta Valiñas.
