La cooptación de la justicia por parte del Gobierno venezolano no solo facilita la persecución contra posiciones críticas o percibidas como tales, sino que permite que florezca la corrupción en medio de esa “política sistemática de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales”.
La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, en su cuarto informe sobre la situación de Venezuela que presentó al Consejo de Derechos Humanos durante su 60 período de sesiones. En el reporte, de 172 páginas de extensión, la instancia afirmó que además de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y procesos judiciales bajo la legislación antiterrorista de dudosa legalidad, los ciudadanos que osan ejercer sus derechos a expresarse, manifestar y participar en los asuntos públicos pueden ser objeto de extorsiones para evitar situaciones que tengan como consecuencia el ser víctimas de alguna de las violaciones antes mencionadas.
“La Misión ha documentado el caso de, al menos, cinco personas que alegaron haber sido víctimas de algún tipo de extorsión para evitar ser detenidas o para ser liberadas sin enfrentar cargos”, se lee en el informe, en el que se agrega que “esto se dio particularmente respecto de personas aprehendidas en el marco de las protestas postelectorales, o de otras que pretendían cruzar una alcabala cuando, supuestamente, sus nombres figuraban en listas de control o bases de datos oficiales”.
Esta práctica fue denunciada por Transparencia Venezuela en su informe “Las caras de la extorsión en Venezuela 2024”, un análisis extenso sobre esta práctica generalizada en Venezuela, en el cual se asegura que la exigencia de dinero para evitar detenciones, procesos judiciales de dudosa legalidad o represalias por parte de grupos criminales, se ha convertido en algo cotidiano.
“Para los venezolanos se ha vuelto común convivir con distintas formas de extorsión. Desde las que cometen las organizaciones criminales que hacen vida en el país, hasta las que se ejecutan desde los mismos entes del Estado, por algunos funcionarios corruptos que permiten la actuación de los criminales favoreciendo la impunidad y por otros que se han convertido en perpetradores directos del crimen o facilitadores”, se acota en el estudio.
Transparencia detectó cuatro formas de extorsión cometidas por funcionarios públicos: la extorsión postelectoral de 2024; la perpetrada por funcionarios de seguridad y defensa y del sistema de justicia; la de los efectivos que trabajan en las aduanas marítimas y terrestres, así como la que se registra en trámites, documentos y otros servicios públicos.
Montos impagables
La Misión de la ONU aseguró haber recibido información de que los montos exigidos por los funcionarios policiales, militares o judiciales para liberar a personas oscilaron entre US$ 1.000 y US$ 50.000. No se puede olvidar que el salario mínimo oficial en Venezuela permanece congelado en Bs. 130 (menos de un dólar), mientras que el integral, que incluye bonos, asciende a USD 160.
“En un caso investigado, los familiares de un detenido pagaron US$ 3.500 al encargado de una sede de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) para liberarlo”, se lee en el reporte.
Pero los venezolanos no son las únicas víctimas de esta práctica.
“La Misión también ha sido informada por una fuente diplomática sobre casos de ciudadanos extranjeros que, para evitar su detención, han tenido que pagar sumas de entre US$ 5.000 y US$ 10.000”, aseguró.
Y si la exigencia de elevadas sumas no fuera suficiente, hubo víctimas a las que lo exigido fue algo peor.
“También se documentaron extorsiones de carácter sexual contra mujeres, a las que se propuso mantener relaciones sexuales a cambio de no ser detenidas o mejorar sus condiciones de detención”, reportó.
Los hombres no escaparon de este tipo de situaciones. “La Misión recibió información creíble sobre la ocurrencia repetida de actos de violencia sexual y sexo transaccional coercitivo cometidos por funcionarios de custodia contra hombres detenidos en, al menos, 3 centros penitenciarios, incluido en el centro penitenciario “Tocorón””, se lee en el reporte.
Tasas no previstas en la ley
Con la cuestionada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro, la Misión también verificó como la combinación entre funcionarios abusivos y un marco legal restrictivo, fomenta las irregularidades administrativas.
“La Misión también ha recibido información de casos de corrupción en los que funcionarios registrales han exigido pagos en metálico para llevar a cabo actos exigidos por la ley, a pesar de que la ley no prevé el pago de una tasa de inscripción”, se lee en el reporte.
La Ley ordenaba a todas las ONG volver a registrarse ante las autoridades, so pena de multas o ser anuladas. Y, para ello, algunos funcionarios les han exigido sus balances contables desde hace una década o incluso desde su fundación.
Sin rastro de los culpables
La Misión de la ONU denunció que, a más de un año de las elecciones presidenciales del 28 de julio y de los sucesos que dejaron más de una veintena de fallecidos y miles de detenidos, todavía nadie ha sido enjuiciado ni condenado.
“El Estado venezolano ha eximido de responsabilidad a los cuerpos de seguridad por las muertes ocurridas en la crisis postelectoral, y las ha atribuido a actores no estatales, concretamente a personas que, supuestamente, actuaron pagadas o por influjo de la oposición. A pesar de haber individualizado inicialmente a algunos presuntos autores civiles de varias de las muertes, las autoridades no han brindado más información sobre el desarrollo o resultado de las investigaciones”, señala el informe.
Y como en ocasiones anteriores, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela denunció que las violaciones a los derechos humanos e irregularidades administrativas ocurrieron gracias a la ausencia de separación de poderes.
“No solo son responsables por las desapariciones forzadas los cuerpos de seguridad que proceden a los arrestos y mantienen a las personas bajo su custodia ilegalmente, sino también la fiscalía que proporciona una falsa cobertura legal, el sistema judicial que encubre el crimen y no permite el funcionamiento de las garantías judiciales, llegando al extremo de no recibir siquiera recursos de habeas corpus (…) y la omisión en el cumplimiento de sus funciones de la Defensoría del Pueblo. Todos estos actores son parte de la maquinaria represiva del Estado que actúan de manera coordinada con una finalidad común”, se lee en el informe.
