Yoinsabet Álvarez, pescadora y madre soltera de una adolescente de 13 años, denunció su presunta exclusión arbitraria de la adjudicación de locales en el Mercado Turístico y Pesquero de Carirubana, en el estado Falcón, y exigió que las autoridades investiguen supuestas irregularidades y favoritismos en la distribución de los espacios comerciales.
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«Durante años trabajé honradamente en el malecón y fui censada y adjudicada formalmente a través del COMPA José Chemón Rojas, por la señora Marielys Gutiérrez, para ocupar un local en el mercado pesquero de Carirubana construido por la gobernación», relató la emprendedora, quien aseguró que, pese a cumplir los requisitos, su nombre fue excluido de la asignación definitiva.
De acuerdo con su testimonio, la decisión se tomó durante una reunión celebrada tres días antes de la inauguración del establecimiento, en la vivienda de Paula Sánchez, a quien identificó como una de las beneficiarias. Álvarez afirmó que el alcalde Jorge Luis Díaz González presentó una lista distinta de los registros originales, sin el aval de las organizaciones comunitarias. «En ese mismo espacio, el alcalde del municipio Falcón, Jorge Luis Díaz González, presentó una lista que no coincidía con los registros oficiales del COMPA ni contaba con el aval de los consejos comunales o comunas locales, quienes me confirmaron no haber sido tomados en cuenta para esas asignaciones», sostuvo.
La denunciante también señaló presuntos vínculos familiares entre algunos participantes del proceso y el entorno del gobernador Víctor Clark. En particular, identificó a Sánchez como cuñada de Fays Perozo, a quien describió como suegro del mandatario regional y responsable de las obras del mercado y del malecón. Estas relaciones y su supuesta influencia sobre las adjudicaciones no han sido verificadas de manera independiente.
Tras quedar fuera del establecimiento, Álvarez intentó mantener su actividad económica desde su vivienda, pero las condiciones del inmueble terminaron por impedirle continuar. «Desafortunadamente tuve que cerrar ya que por el volumen de trabajo provocó el colapso de las cloacas, afectaciones a mis vecinos por desechos de escamas y olores y también la falta de estacionamiento», explicó sobre las dificultades que enfrentó al trasladar su pescadería.
Por otra parte, denunció que algunos locales estarían siendo subarrendados por montos de entre 60 y 80 dólares mensuales, cuando, según su versión, los adjudicatarios deben cancelar una mensualidad de 25 euros.
Asimismo, Álvarez describió una supuesta irregularidad relacionada con un financiamiento otorgado a comerciantes mediante el Banco Digital de los Trabajadores, después de una visita de Delcy Rodríguez al mercado. Según su relato, una persona que subarrendaba un puesto habría utilizado los equipos de la trabajadora que realmente lo ocupaba para tramitar el crédito y presentarse como responsable del negocio. Esta acusación tampoco ha podido comprobarse independientemente.
La pescadora considera que su exclusión estuvo relacionada con su participación pública durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. «Considero con firme convicción que esta exclusión que me hicieron responde a una represalia política promovida por el entorno de la familia de la esposa del gobernador Victor Clark debido a mi desempeño y participación pública en las instituciones educativas de mi comunidad en las pasadas elecciones presidenciales 28 de julio de 2024», expresó.
Ante esta situación, solicitó a la Gobernación de Falcón revisar las adjudicaciones y aplicar las sanciones contractuales correspondientes cuando se demuestren incumplimientos. «Exijo a las autoridades competentes y a la Gobernación del estado Falcón que asuman la responsabilidad ante las reiteradas violaciones contractuales e irregularidades cometidas en la adjudicación de los locales», manifestó. También pidió que le restituyan el espacio que considera necesario para sostener económicamente a su hija.
