La Asamblea Nacional chavista dio luz verde este martes 3 de noviembre, en primera discusión, a la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio con una propuesta que busca reemplazar las condenas de prisión por sanciones económicas.
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La iniciativa fue respaldada mediante una votación de «mayoría calificada evidente», un resultado que permite continuar con el procedimiento legislativo para modificar una normativa cuestionada por su aplicación contra ciudadanos, activistas y dirigentes políticos.
Uno de los principales cambios propuestos consiste en suprimir las penas de entre 10 y 20 años de cárcel previstas en la legislación original. En su lugar, el proyecto establece multas administrativas cuya cuantía dependerá de la infracción contemplada.
Según los detalles del texto, las penalizaciones podrían oscilar entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio de la divisa de mayor valor fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
El nuevo esquema también trasladaría la aplicación de esas sanciones al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, dirigido por Diosdado Cabello, una disposición que mantendría en manos del régimen la responsabilidad de castigar administrativamente las conductas previstas en la ley.
Además de modificar las penalizaciones, la propuesta contempla cambiar la denominación de la legislación por una “orientada a la convivencia democrática, la paz y la tolerancia”.
