Esta paradoja de la abundancia se traduce en una quiebra profunda de la gobernabilidad democrática y en la destrucción de las condiciones de vida de la población. Mientras el subsuelo venezolano atesora una riqueza incuestionable, la superficie refleja una tragedia humanitaria caracterizada por la escasez crónica de alimentos y medicinas, la contracción acumulada del Producto Interno Bruto y un éxodo masivo que supera los 9 millones de migrantes, cuya diáspora expulsa el recurso más valioso de cualquier nación: su capital humano. El tejido institucional del Estado se encuentra tan severamente golpeado que la ciudadanía percibe una ausencia total de instituciones funcionales, transformando al venezolano común en un sobreviviente que depende precarizadamente de remesas familiares o de bonos estatales de subsistencia, a pesar de pertenecer geográficamente a un territorio teóricamente próspero.
Venezuela un “país en SOS” trasciende una mera emergencia transitoria; denota una crisis sistémica y multifactorial donde la subsistencia de la población se encuentra estructuralmente amenazada. Esta alerta roja humanitaria y social no proviene de un desastre natural imprevisto, sino de un proceso de degradación endógena gestado por un modelo económico calificado como un incomprensible capitalismo hibridado con ingobernabilidad y corrupción, lo que demuestra que la catástrofe actual es el corolario inevitable de un diseño institucional fallido. Desde aproximadamente 2013, la economía venezolana ha sufrido una desarticulación profunda marcada por la extrema dependencia histórica de la renta petrolera, una hiperinflación que, pese a desacelerarse, se mantenía en torno al 60% hacia finales de 2024, y una contracción sostenida del Producto Interno Bruto que destruyó por completo el poder adquisitivo. Este colapso productivo generó una escasez crónica de alimentos y medicinas, niveles alarmantes de pobreza y un éxodo masivo que supera los 9 millones de migrantes, cuya diáspora y posterior envío de remesas se han convertido en el amortiguador financiero de última instancia para las familias que permanecen en el país.
En paralelo, el análisis expone una profunda crisis de gobernabilidad democrática caracterizada por la erosión absoluta de las instituciones públicas. Un indicador sociológico lapidario señalado en el texto es que la ciudadanía percibe que no existe ni una sola estructura del Estado que funcione de manera autónoma o eficiente, lo que evidencia el colapso del Estado de Derecho y de los mecanismos tradicionales para resolver pacíficamente los conflictos. Frente a este panorama, el liderazgo gubernamental se describe atrapado en un laberinto político, buscando oxígeno táctico a través de diálogos inducidos y estrategias internacionales, pero renunciando sistemáticamente a confrontar la magnitud real de la crisis económica y social. Para superar este bloqueo, el texto propone una salida anclada en la soberanía popular mediante la convocatoria de un referendo consultivo que permita la relegitimación de todos los poderes públicos, condicionando la reconstrucción del país a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral capaz de garantizar procesos transparentes y constitucionales. En definitiva, el texto demuestra que la crisis venezolana no se resolverá con parches coyunturales, sino mediante un rescate integral de la institucionalidad democrática que devuelva al ciudadano el centro de la soberanía frente a una emergencia que persiste en el tiempo.
La realidad de Venezuela simboliza de forma paradigmática la llamada “maldición de los recursos naturales”, revelando cómo una inmensa riqueza geológica sostenida históricamente en ser un gigante energético con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, además de gas y minerales puede transmutarse, debido a fallas estructurales de gobernanza, en miseria generalizada y colapso social. El análisis permite entender que la emergencia en la que se encuentra el país (“en SOS”) no es producto de la escasez de activos físicos, sino del fracaso absoluto de un modelo económico reconfigurado sobre un capitalismo opaco, distorsionado por la corrupción y la ingobernabilidad. En lugar de servir como palanca para el desarrollo integral, la renta petrolera se convirtió en un mecanismo de dependencia monoexportadora que, al sufrir choques externos, caída de producción y pésima administración interna, arrastró consigo el aparato productivo y desató una hiperinflación crónica que pulverizó el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Frente a este laberinto donde el liderazgo político prioriza la supervivencia en el poder y los diálogos tácticos de fachada por encima de la catástrofe social, el texto sugiere que la salida a esta contradicción exige replantear las bases del Estado. La recuperación de un “país rico” no depende meramente de los repuntes temporales de la industria petrolera, sino de devolver la soberanía originaria al pueblo mediante mecanismos constitucionales como un referendo consultivo y elecciones transparentes bajo un nuevo Consejo Nacional Electoral que permitan relegitimar los poderes públicos. .
Marcos Hernández López presidente de Hercon Consultores
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