Esta semana, por invitación de la comisión delegada que representa a la Asamblea Nacional 2015 ante la Mesa de Diálogo, acudimos al bicentenario Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Estaban allí los presidentes de los colegios de abogados del país y juristas de reconocida trayectoria. Fuimos en nombre del Programa de Organización Ciudadana, con el liderazgo de la Confederación de Profesionales y Técnicos de Venezuela, CONFEPUV, y del Frente Amplio Profesional Internacional, FAPI, y planteamos una tesis que quiero compartir con los lectores, porque define todo lo que viene: para integrar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia no basta con ser un buen abogado.
Lo que van a recibir los nuevos magistrados
Hay que decir con precisión qué se les va a entregar, porque de ahí se deduce qué se les debe exigir.
Durante más de un cuarto de siglo se construyó en Venezuela un Estado paralelo. No fue un problema de retardo procesal, de desorganización o de mala técnica jurídica. Fue otra cosa: el Poder Judicial fue secuestrado y convertido en la herramienta que validaba, con apariencia de legalidad, lo que la Constitución prohíbe.
Los ejemplos están a la vista de todos. Las sentencias de la Sala Constitucional de marzo de 2017 que usurparon las competencias de la Asamblea Nacional electa en 2015 no fueron un error de interpretación: fueron la anulación de un poder público por otro. El desconocimiento de la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024 no fue un problema probatorio: fue una decisión. El incumplimiento sostenido de las decisiones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos no es una demora administrativa: es una política. Y la criminalización de la disidencia, con miles de venezolanos que han pasado por la prisión política, trescientos veintidós todavía privados de libertad según el Foro Penal, con torturas, muertes y desapariciones de personas bajo custodia del Estado, no se explica por el desconocimiento técnico del derecho.
Todo eso ocurrió porque fue construido un terrorismo de estado, la interpretación de la ley fue sustituida por criterios políticos y consignas ideológicas, y porque jueces, fiscales y auxiliares del sistema judicial fueron convertidos en operadores sin independencia, sin estabilidad y sin más deber que validar lo decidido en otra parte, para convertirlo en un estado delincuente..
Dos fases, no una
De ahí se sigue que la reinstitucionalización tiene dos fases y no una sola, y que confundirlas es el error más costoso que podríamos cometer.
La primera fase es sociojurídica y fundacional. Tiene que ver con la existencia misma del Estado democrático y social de derecho y de justicia que el artículo 2 de la Constitución consagra como valor superior: la vida, la libertad, la justicia, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, el pluralismo político y la alternabilidad del poder. Esa fase exige de los nuevos magistrados algo que no se mide en un examen: visión de Estado.
La segunda fase es técnico-jurídica. Es la de una administración de justicia autónoma, imparcial, transparente, eficaz y estable, donde el imperio de la ley sea el gobierno de todas las instituciones. Esa fase exige conocimiento, formación ética y oficio, y exige también que el Estado suministre al Poder Judicial los recursos para funcionar, porque un poder sin presupuesto propio es un poder tutelado por quien se lo administra.
Las dos visiones deben coincidir en la misma persona. Eso vale para los treinta y dos magistrados y vale igualmente para el nuevo Inspector General de Tribunales, que es quien vigila a los jueces de la República.
Tres tareas concretas
Dicho en términos operativos, al nuevo Tribunal le tocarán tres tareas que ningún tribunal venezolano ha cumplido en veintisiete años.
Preservar las garantías ciudadanas, empezando por revisar las condenas dictadas sin juez independiente y por dar cumplimiento a las decisiones internacionales pendientes. Controlar a los demás poderes públicos, que es su función constitucional, y erradicar la dogmática que permitió que un poder paralizara a otro como ocurrió en 2017 y en 2024. Y ser el escudo del resultado de los procesos electorales que vienen. Esta última es la que más conviene subrayar: de nada servirá organizar una elección impecable si quien debe hacer valer su resultado vuelve a torcer los resultados en una servilleta. La historia reciente de este país es la historia de victorias ciudadanas anuladas en un despacho.
Por eso insistimos en que los magistrados deben ser independientes y estar libres de apremio: de presión política, de interés económico y de conveniencia personal. No es una aspiración moral. Es un requisito funcional del cargo.
Una ley para que la reforma sea sustantiva
En ese mismo encuentro presentamos, a nombre de las organizaciones sociales que nos acompañan, un proyecto de Ley sobre Cumplimiento de las Decisiones emitidas por Órganos Internacionales de Derechos Humanos.
La iniciativa desarrolla los artículos 23, 30 y 31 de la Constitución y crea lo que hoy no existe: un procedimiento interno para que una decisión internacional se convierta en un acto ejecutable. Un comité de coordinación con participación de las víctimas y veeduría internacional; plazos ciertos, de cuarenta y cinco días para el dictamen de cumplimiento y de apenas cinco días hábiles cuando se trate de medidas cautelares; vías para solicitar la liberación inmediata cuando una decisión internacional la ordene; un fondo de reparación con financiamiento determinado; y responsabilidad personal para el funcionario que incumpla. Se aplica, además, a las decisiones ya dictadas y pendientes, que es donde está el pasivo acumulado.
Presentamos esta ley por la razón que venimos repitiendo en todo el camino: la reforma tiene que ser sustantiva y no un simple cambio de personas. Un tribunal nuevo que reciba intacto el pasivo del anterior, sin reglas para ejecutarlo, habrá cambiado los nombres y conservado las injusticias.
Y ahora, a postularse
Al momento de publicarse este artículo, los doce representantes de la sociedad civil ya habrían sido designados y juramentados para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales. Con eso arranca formalmente la etapa decisiva: la de las postulaciones a magistrado.
Hemos compartido la importancia de este proceso en siete estados del país, y en todos hicimos el mismo llamado, que repito aquí: que los colegas que reúnan las condiciones que exigen la Constitución y la ley se postulen y participen. No es una invitación de cortesía. Si los mejores no se presentan, el país no podrá escogerlos.
Venezuela necesita el concurso de sus hijos, dentro y fuera del país, para conquistar la libertad, el Estado de derecho y unas instituciones que funcionen. Porque al final nada de esto es un debate de juristas. Todo esto se trata de que la gente viva mejor: de salarios que alcancen, de servicios públicos que sirvan, de seguridad en la calle, de escuelas y de hospitales. Un país sin justicia no logra ninguna de esas cosas, por mucho que las prometa. Un país con justicia tiene, por fin, dónde reclamarlas.
