Bajo los auspicios del rectorado de la UCV, en fecha 5 de los corrientes fue debatida la reforma de la ley de universidades que, repetimos la particularidad, todavía no tiene proyecto que nos oriente excepto las irrealizaciones del único gobierno que hemos tenido en el presente siglo. Cupimos en el salón Francisco de Miranda, otrora sala E de la ciudadela de Villanueva, para escuchar al representante de la ministro de Educación Universitaria que no se apersonó, Ricardo Ríos (director de la OPSU); al rector Benjamín Scharifker, y al rector en funciones Víctor Rago con la moderación de la periodista Vanessa Davies.
Sin duda alguna, la mejor ponencia fue la del rector Scharifker con una más organizada perspectiva y calibrada profundidad del problema que la del director de la OPSU, quien – entre otros aspectos – observó la ilegal creación o la actual condición ilegal de la Universidad Simón Bolívar, aunque – increíble en un alto funcionario del Estado – después aseguró que se trató de un chiste. Clausuró el rector Rago para dar ocasión a las preguntas de la audiencia que, quizá huelga comentar, mayoritariamente rechazó la sola intención reformadora calificada de importante, mas no urgente gracias a la grave y prolongada del aula superior en Venezuela que amerita de toda la ministerial atención del caso.
En una anterior ocasión, en La Patilla, precisamos algunos de nuestros cuestionamientos al propósito reformista. No obstante, en esta oportunidad, deseamos subrayar un motivo de fondo que explica ese y otros propósitos de un gobierno que, de un modo u otro, como si no existiera esa tan cada vez más única posibilidad, tiene – sí, el mismísimo gobierno – la necesidad de una transición pacífica y democrática del país.
En efecto, el representante ministerial, doctor Ríos, inició su exposición recordando que la sede universitaria fue allanada durante el primer gobierno de Rafael Caldera, un hecho acaecido casi sesenta años atrás. Pudo recordar otros hechos parecidos del siglo XIX y del XX, pero juzgó como esencial premisa la de espantar o, mejor, latiguear a la audiencia con el fantasma del puntofijismo en la que cabe algunas apuntaciones, incurriendo en una asombrosa autoflagelación.
En efecto, el señalamiento no tuvo carácter histórico y, menos historiográfico, sino netamente político ante una audiencia de variadas edades que desconocen las específicas circunstancias que vivió el país cuando muchos ni siquiera habían nacido. Inevitable tildar el inicio de la ponencia oficial como panfletaria, porque a la extemporaneidad de la reforma planteada se suma la de los argumentos que nos lleva a una conclusión no menos inexorable: los elencos del poder establecido no se percatan que los tiempos han cambiado, que vivimos en otro país dentro y fuera al considerar la inmensa diáspora, que las condiciones han empeorado después de casi tres décadas de un mismo gobierno.
Si fuere el caso de contrastar lo acontecido en la presente y en la anterior centuria, el régimen no saldría muy bien parado que digamos bastando con observar la suerte de la educación superior en nuestro país y la represión sistemática de toda la disidencia que tuvo dramáticas expresiones, a la vista de todo el mundo, en 2014 y 2017. Esa vieja manía de pretextar los fracasos diciéndolos herederos no del gobierno anterior, sino de cuanto gobierno muy anterior hubo, hace al régimen heredero del fracaso de una demencial insurrección armada, como lo demostró la historia, que lo hizo increíble y material deudor del protectorado de una Cuba que el imaginario castro-guevarista hundió en la más profunda miseria: todo un monumental trauma.
Imposible dar cualquier debate que parta de los antiguos resentimientos de esa izquierda que gozó del poder presupuestario y cultural de la universidad en el siglo XX de nuestras bonanzas petroleras, negando a las casas de estudios los incomparablemente superiores ingresos rentísticos del XXI. La batida de los fantasmas que se resisten a la jubilación, no es suficiente para la distracción que se pretende en torno a una reforma legal que, en todo caso, ha de inscribirse en la eventualidad de una transición pacífica y democrática.
