La demanda civil por una violación en grupo en la Universidad de Cornell ha reavivado las críticas sobre un “vacío legal” que complica muchos casos de agresión sexual en Nueva York. Un debate que gira en torno a un punto clave de la ley del Estado: es sumamente difícil que una víctima de agresión sexual pueda encontrar justicia si ingirió bebidas alcohólicas y drogas de forma voluntaria antes de ser abusada.
Por El País
El caso sobre ‘los siete de Cornell’ ha generado también indignación en Estados Unidos y ha reabierto heridas sobre el trato que reciben algunas denunciantes que, en medio de su vulnerabilidad, dan el paso de enfrentar a sus agresores. También ha puesto el foco sobre el umbral legal que, junto con Nueva York, ponen casi una veintena de Estados en estos casos.
Nueva York es uno de los 19 Estados cuyas leyes sobre la violación sexual tienen lo que expertos consideran “el vacío legal de la intoxicación voluntaria”, un factor que puede haber afectado a Jane Doe —como figura en la demanda la exestudiante de Cornell para mantener su anonimato— cuando denunció en octubre de 2024 haber sido violada durante horas en la casa de la fraternidad Chi Phi en el campus de ese centro de élite.
La joven, que en ese momento tenía 20 años, ofreció a la policía de Cornell un relato detallado de lo que ocurrió esa noche. Doe contó que ingirió alcohol antes de llegar a la casa de la fraternidad para ver a un amigo. También que, con los hechos que se sucedieron estando en la vivienda, podía afirmar con “total seguridad” haber sido violada por siete estudiantes y presionada a inhalar ketamina, un anestésico catalogado también como una “droga de violación” y que el propio Gobierno advierte ha sido usada para “facilitar agresiones sexuales”. Los hombres a los que denunció negaron haberla violado.
Documentos de la investigación revisados por The New York Times confirmaron lo dicho en 2024 por Doe a la policía encargada de la seguridad en el campus universitario. Sin embargo, partes de su relato, como por ejemplo el haber expresado tajantemente que fue agredida sexualmente, fueron omitidas de la declaración jurada que esas autoridades enviaron a la fiscalía del condado Tompkins.
Esa oficina tuvo en sus manos la decisión de presentar o no cargos contra los estudiantes denunciados por Doe. No lo hizo. Dos años después, el manejo del caso por parte del fiscal de distrito, Matthew Van Houten, ha sido sumamente cuestionado. En un intento por defender su decisión previa, Van Houten ha aludido indirectamente a ese llamado “vacío legal”.
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