La propuesta de una nueva Ley de Universidades en Venezuela trasciende la actualización de una legislación vigente desde 1970. En un país que intenta reorganizar sus instituciones y recuperar su economía, la educación superior es fundamental para cualquier proyecto de desarrollo. Sin embargo, mientras el Gobierno anuncia consultas y modernización académica, persisten la pérdida de autonomía, los presupuestos insuficientes y los salarios que condenan a profesores y trabajadores a condiciones indignas. La pregunta es si existe voluntad política para resolver esta crisis o si estamos ante otro anuncio que posterga las verdaderas prioridades.
El antecedente de 2010 obliga a mantener una mirada crítica. La Ley de Educación Universitaria aprobada en aquel por la Asamblea Nacional no entró en vigencia tras el rechazo firme de amplios sectores académicos y la decisión de Hugo Chávez de objetarla. Hoy se propone una metodología participativa; no obstante, convocar consultas no garantiza consenso. Es necesario conocer quiénes participan, qué propuestas se reciben y cuánto influirán en el texto definitivo. De lo contrario, la participación podría terminar siendo un mecanismo para legitimar decisiones previamente tomadas.
Cualquier pretensión de modernización universitaria pierde sentido si no comienza por atender las carencias materiales. No hay excelencia académica con salarios deteriorados, laboratorios inoperativos e investigación sin financiamiento. La nueva legislación debe garantizar el cumplimiento del artículo 109 constitucional, que reconoce la autonomía universitaria, y establecer mecanismos transparentes de asignación presupuestaria y rendición de cuentas. Si bien el Estado debe fiscalizar el uso de recursos públicos, dicha facultad jamás debe utilizarse para someter las instituciones al control político.
Esta discusión también forma parte de la reinstitucionalización que Venezuela necesita. Si se pretende recuperar la industria energética, atraer inversiones y promover un desarrollo sostenible, resulta contradictorio debilitar las universidades que forman profesionales y producen conocimiento. Así como los acuerdos energéticos deben conocerse y someterse al escrutinio público, la reforma universitaria exige transparencia sobre sus objetivos, alcances y consecuencias. No podemos aceptar que decisiones estratégicas para el país se desarrollen sin información suficiente ni debate real.
La experiencia reciente obliga a desconfiar de las promesas que no se traducen en resultados. La nueva ley no puede convertirse en una caja negra, donde se desconozcan los acuerdos, se excluyan voces críticas y se presenten decisiones consumadas como consensos nacionales. Deben publicarse el cronograma, las versiones del proyecto y las observaciones recibidas, con garantías para las universidades autónomas, los gremios y los estudiantes. Hasta conocer el texto y sus mecanismos de aplicación, hablar de una reforma consensuada sería anticipar una legitimidad todavía no demostrada.
Venezuela necesita una universidad autónoma, financiada y comprometida con el desarrollo nacional. Para ello, el Gobierno debe pasar de los anuncios a los compromisos verificables: recuperar presupuestos, dignificar salarios y garantizar una discusión plural. Estados Unidos, dada su influencia en el proceso de estabilización, también debería prestar atención a la transparencia y la calidad institucional, sin sustituir la voluntad democrática venezolana. La reinstitucionalización no se mide por las leyes que se anuncian, sino por los derechos que se respetan y los problemas que se resuelven. Una universidad sometida y empobrecida no puede ser fundamento de una Venezuela democrática ni de una economía sostenible.
IG,X: @freddyamarcano
