La posible conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se perfila como uno de los primeros desafíos de la transición venezolana. Tras el acuerdo alcanzado el 12 de agosto de 2026 entre representantes del régimen y la Asamblea Nacional de 2015, bajo acompañamiento de Estados Unidos, el debate dejó de centrarse únicamente en la sustitución de los magistrados y pasó a una pregunta más compleja: cómo garantizar que el nuevo proceso no reproduzca los vicios que durante años erosionaron la independencia judicial.
Por Infobae
En un análisis jurídico, la organización Conciencia es Dignidad sostiene que la renovación completa del TSJ puede convertirse en una oportunidad para reconstruir una justicia al servicio de los ciudadanos. Pero advierte que el cambio de nombres no será suficiente si la selección de los nuevos magistrados se realiza con opacidad, injerencia política o reglas improvisadas.
El acuerdo prevé la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, la renovación y ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales, la apertura de un nuevo proceso para escoger a todos los magistrados y la creación de una instancia encargada de revisar las credenciales de los aspirantes. Sin embargo, la ONG subraya que aún no se conocen las reglas que regirán ese procedimiento.
El escenario abre un dilema adicional: la Constitución establece un período de doce años para los magistrados del TSJ, pero si la designación ocurre durante una institucionalidad transitoria, podría plantearse la necesidad de nombramientos provisionales por dos o tres años. Para Conciencia es Dignidad, allí se medirá si la transición venezolana puede avanzar hacia instituciones autónomas o si terminará atrapada en los mismos mecanismos que busca superar.
El dilema de la legitimidad
Para la organización, el punto de partida es constitucional. El artículo 264 atribuye a la Asamblea Nacional la designación de los magistrados del TSJ mediante un procedimiento con participación del Comité de Postulaciones Judiciales, el Poder Ciudadano y la sociedad civil. Ese diseño, sostiene, fue concebido para instituciones funcionando dentro de la normalidad democrática, no para un país que intenta reconstruirlas después de una ruptura institucional prolongada.
En ese contexto, Conciencia es Dignidad observa un dato político relevante apuntado por el politólogo José Vicente Carrasquero y es que Jorge de Jesús Rodríguez Gómez suscribió el acuerdo como representante del Gobierno Nacional, no como presidente de la Asamblea Nacional 2025. También llamó la atención sobre la ausencia de sello, membrete, número o fecha institucional, un elemento que, a su juicio, debilita la representación política de esa Asamblea en el proceso.
La interrogante central que se hace Conciencia es Dignidad es si la Asamblea Nacional 2025 tiene legitimidad y autoridad para discutir y aprobar la reforma que servirá de base a la designación y juramentación de los nuevos magistrados. Para la ONG, cualquier adaptación normativa debe respetar los principios democráticos, las garantías constitucionales y los derechos humanos. “No se puede restituir el orden constitucional violando al mismo tiempo la Constitución”, advierte.
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