Este mes de agosto se cumplen 50 años de la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela; no fue un capricho, sino una inevitabilidad histórica. Inevitable por lo imprescindible y necesaria. Carlos Andrés Pérez (CAP), en su primer gobierno, no tenía otra alternativa, ante la otra posible opción: mantener el estatus jurídico contractual de concesiones petroleras a las empresas extranjeras que por medio siglo habían asumido las operaciones petroleras. La trayectoria hacia este hito estaba trazada por décadas de legislación y decisiones que reflejaban un consenso nacional: “El petróleo -nuestro recurso más preciado- debía ser administrado por el Estado venezolano”. Desde la ley de 1920, redactada por Gumersindo Torres, pasando por la reforma convenida bajo el gobierno del presidente Isaias Medina Angarita en 1943 –llamada “ley convenio” por la complacencia con las concesionarias conque se resolvió el amago nacionalista de la época-, hasta llegar a las leyes dictadas en los gobiernos de Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos entre 1945 y 1948; y posteriormente las audaces acciones del presidente Edgar Sanabria. El mensaje era claro: “No más concesiones”.
Este principio se convirtió en un santuario intocable para la nación. Esa secuencia de acciones jurídico políticas de todas las administraciones, luego del fin de la satrapía gomecista y exceptuando el régimen perezjimenista -que repartió por última vez, en 1956, lotes concesionarios petroleros-, fortaleció el imaginario nacionalista respecto a la administración y control del Estado venezolano sobre las materias primas. Ese proceso no fue traumático y alcanzó su madurez en la década de los años 70 del siglo pasado, haciendo imprescindible el paso necesario, la nacionalización de la industria. CAP asumió esa misión histórica en 1975, lo hizo con determinación, recogiendo así, en síntesis apropiada y oportuna, el sentir nacional.
La discusión de la ley que reservó al Estado la Administración y Control de la Industria Petrolera –presentada por el Ejecutivo Nacional, en acto solemne, popularmente conocida como Ley de Nacionalización del Petróleo- se convirtió en un evento de discusión e interés nacional: concitó un amplio consenso y generó grandes y singulares discusiones, dentro y fuera del Congreso Nacional, debates no exentos de cargas ideológicas y de sesgos sutiles de interés partidista y/o radicalismo nacionalista, haciendo gala de los clásicos denuestos inútiles, pero emotivos, contra el “colonialismo imperialista”. Recuerdo las diferencias en torno al artículo 5 del proyecto de ley de nacionalización. Incluso dirigentes calificados de Acción Democrática (AD) tenían reservas sobre ese polémico artículo 5, que el expresidente Rafael Caldera llamó “esa rendija”, y le dio pie a Juan Pablo Pérez Alfonso para calificarla, con su característica crudeza, como “nacionalización chucuta” .
La verdad que ahora nadie debería ocultar, es que la sola idea de prorrogar las concesiones petroleras habría desatado una tormenta política. Basta recordar cómo CAP fue “linchado” políticamente en 1989, simplemente por aumentar, apenas unos céntimos, el precio de la gasolina. ¿Se imaginan la reacción de los factores políticos entonces, si CAP hubiera cedido ante las empresas extranjeras otorgando prórrogas de las concesiones vencidas? ¡Imposible!
Antes de CAP, el expresidente Caldera ya había dado pasos importantes: nacionalizó el gas y decretó la reversión de activos de la industria en 1973. Mientras tanto, las empresas extranjeras, conscientes del fin de sus concesiones, habían dejado de invertir, exprimiendo al máximo los yacimientos con extracciones desmedidas.
CAP, por su parte, lideró un proceso impecable, civilizado y en paz. Reconoció los derechos de las empresas, incentivó a los técnicos extranjeros a permanecer en Venezuela (incluso ofreciendo la nacionalidad a muchos de ellos) y prioriza la formación y ascenso de técnicos criollos. Con CAP comenzó la meritocracia en la industria petrolera.
Ironías de la historia, como dice el refrán, “la lengua es castigo del cuerpo”. Aquellos que más criticaron el artículo 5, años después terminaron activándolo con la Apertura Petrolera.
Algunos técnicos y opinadores, con criterios argumentados más desde la teoría del derecho constitucional y menos desde las ciencias gerenciales, hablan de la diferencia entre nacionalización y estatización calificando de estatización a la nacionalización petrolera de 1976, arrimándole anacrónicamente, ahora, “la brasa a la sardina” estatista para actualizar como moda contra el “detestable Estado”, los criterios de privatización que se corresponden con otras realidades emergentes hoy en Venezuela, ante el fracaso del estatismo burocrático ideologizado del socialismo.
Esas calificaciones a la nacionalización están equivocadas por cuanto hacer nacional un propósito beneficio colectivo, pasa obligatoriamente por la atención e interés del Estado como superestructura jurídica de la cual emana la administración pública, que constitucionalmente tiene como misión principalísima el bien común. Basta razonar qué hubiese significado para la nación, sus pueblo y comunidades, si se concluye, en 1976, la explotación y comercialización petrolera por las empresas extranjeras para entregársela a la empresa privada nacional, sin antes transformar el papel del Estado en la administración, disposición y el control de la industria,
La designación del General Rafael Alfonso Ravard al frente de PDVSA marcó un hito, al igual que la creación del INTEVEP, un centro de investigación que simbolizó la apuesta por la innovación y la soberanía tecnológica. Tras la nacionalización, se transformaron los patrones de refinación, optimizando procesos para maximizar el valor del crudo venezolano. Bajo la dirección del calificado experto petrolero Humberto Calderón Berti, se dio inicio a un ambicioso proceso de internacionalización. Venezuela adquirió complejos refinadores en el extranjero, en varios países, algunos de ellos Alemania, Suecia y Estados Unidos, donde aún somos propietarios de Citgo, una filial estratégica que fortalece nuestra presencia en los mercados globales. Estas decisiones consolidaron a PDVSA como una empresa de alcance mundial, capaz de competir en la arena internacional.
Un balance a 50 años de la nacionalización arroja básicamente dos conclusiones: una, la reserva al Estado de la industria petrolera fue un acto necesario e imprescindible que se blindó en una ley principal y en el marco de un concepto gerencial eficaz y eficiente, en un contexto internacional, de entonces, en el cual los factores de poder poco cerca estaban del control patrio, por lo que el denominado, por alguna crítica, como el “fracaso del modelo PDVSA”, desaprensivamente o intencionalmente ignora que lo que fracasó fue el desarrollo político democrático constitucional venezolano que chocó frontalmente con el concepto exitoso ya comentado.
La otra conclusión principal es la pertinencia y oportuna acción del gobierno de Carlos Andrés Pérez al emprender, con serena convicción, el proceso de nacionalización, ejecutándolo sin traumas ni secuelas negativas para el imaginario venezolanista que impulsó tal propósito. CAP actuó sin delirio nacionalista sectario ni alucinaciones ideológicas; eso quedó demostrado en la reafirmación del sentido del artículo 5 de la ley: racionabilidad que superó las equivocadas argumentaciones y hasta impertinentes actuaciones de congresistas, que hoy se calificarían de teatrales. CAP fue consecuente con el acumulado histórico doctrinal precedente y con su formación venezolanista con sentido de futuro.
Hoy, la industria de hidrocarburos yace en ruinas. La corrupción y el populismo han devastado lo que alguna vez fue un modelo de éxito. Es hora de pasar la página de los falsos nacionalismos que solo encubren ineficiencias. Venezuela debe recuperar su industria petrolera con una visión moderna: constituir una Agencia Nacional de Hidrocarburos, actualizar la legislación para atraer inversión privada y crear las condiciones para convertir al país en el Hub Energético de las Américas. El petróleo y el gas deben destinarse al desarrollo humano y económico, no a perpetuar el clientelismo. Basta de espejismos. Es momento de actuar con pragmatismo, transparencia y un compromiso genuino con el futuro de Venezuela.
Antonioledezma.net
