El sector transporte en Venezuela sufre una crisis estructural profunda, consecuencia directa del plan de gobierno implementado por la Revolución Bolivariana durante los últimos 27 años, el cual fracturó al gremio entre transportistas demócratas y aquellos que funcionaron como aliados del oficialismo y, hoy, del régimen impuesto.
En los inicios, estos aliados recibieron prebendas estatales como “palanganas” de aceite, baterías y facilidades para surtir combustible, además de permitírseles incrementos mensuales de tarifas indexados al dólar. En contraste, el bloque demócrata sufrió hostigamiento, persecuciones, linchamientos gremiales constantes, fiscalizaciones arbitrarias y la exclusión total de los beneficios económicos.
Hoy, los transportistas demócratas solicitan atención a una administración que ni siquiera cumple con sus propios aliados y camaradas. Ante esto, es imperativo entender que el transporte no es un sindicato laboral, sino que está constituido por empresarios donde cada unidad representa una empresa privada y el sustento familiar.
La viabilidad de estas empresas es crítica por el envejecimiento de la flota, con unidades de 30 a 50 años de servicio cuya renovación es inviable por el elevado encaje legal impuesto a la banca nacional, lo que pulveriza el crédito comercial. Para revertir la asfixia, el sector debe retomar las medidas de presión que históricamente este gremio tomó frente a los gobiernos de turno, abandonando el hábito de pedir soluciones a quien se beneficia de no reparar vías, no otorgar créditos y someterlos a controles como el sistema de huellas, Biopago o el Plan de la Patria.
Los pliegos de peticiones demuestran que los demócratas conocen los problemas al exigir la devolución de unidades retenidas por años, la restitución de Fontur y el respeto a las competencias municipales; sin embargo, el mero reclamo burocrático hace parecer que ellos no están dispuestos a luchar por recuperar sus derechos y beneficios.
El sector democrático debe entender y luchar por su supervivencia, la cual depende estrictamente de la realización de una elección presidencial legítima que traiga un gobierno elegido por los ciudadanos. Esta es la única vía para superar la crisis y conducir el transporte como empresa privada, logrando que el Estado pase de ser un conductor centralizador a un aliado institucional que permita la rentabilidad y un servicio eficiente para los usuarios. La meta es asumir su identidad plena como sector privado e independiente y romper la dependencia estatal. ¡Calle y lucha, calle y lucha!
