Su perfil de Instagram podría ser usado para justificar su deportación. Las autoridades migratorias de Estados Unidos están buscando contratar a decenas de analistas para recabar información personal a través de publicaciones, comentarios y mensajes en Facebook, TikTok, YouTube, X y otras redes sociales que se utilizarán como pistas e inteligencia para llevar a cabo redadas y operativos contra inmigrantes. La iniciativa, parte de una serie de contratos recientes con empresas tecnológicas, busca ampliar la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para vigilar a la gente a través de sus redes sociales a niveles que amenazan con violar derechos constitucionales.
Por El País
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha publicado una licitación buscando compañías privadas que puedan emplazar al menos 30 analistas en centros de vigilancia del ICE en Williston (Vermont), al noreste, cerca de Canadá, y en la ciudad californiana de Santa Ana. El encargo es una operación de vigilancia constante, las 24 horas del día, utilizando la última tecnología, incluyendo inteligencia artificial, que respalde los esfuerzos para incrementar las deportaciones. El Gobierno solicita “servicios de análisis y generación de pistas” que “cumplan con la misión de aplicación de la ley del ICE” para localizar a quienes “representen un peligro para la seguridad nacional”.
Las informaciones recabadas partirán “de bases de datos comerciales y policiales, así como de otras fuentes accesibles al público, incluidos medios abiertos y plataformas de redes sociales”, cuya vigilancia estará integrada en el flujo de trabajo de “selección de objetivos” del ICE. Los documentos también indican que la IA aumentará la eficiencia en la identificación de individuos.
La iniciativa es parte de la histórica ofensiva migratoria de la Administración de Donald Trump, que ha prometido deportaciones masivas y ha establecido cuotas de arrestos diarios de, según numerosos reportes, hasta 3.000 detenciones por jornada, cifra que, hasta el momento, nunca ha sido alcanzada. Aun así, como resultado de la política migratoria trumpista, el ICE se ha convertido en la agencia más poderosa del Gobierno federal, con acceso a los datos de otras dependencias, como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Salud. Además, ha recibido miles de millones de dólares —entre 70.000 y 170.000 millones, dependiendo de lo que se incluya en el cálculo— de la reforma fiscal de Trump aprobada el pasado verano, que establece una partida de 5.900 millones para “nueva tecnología”. Como punto de comparación, el FBI dispone en total de poco más de 10.000 millones de dólares anuales.
Con ese dinero ya a su disposición, el ICE ha impulsado su esfuerzo de vigilancia a gran escala, incluyendo en las redes sociales, aprovechando el alcance masivo que ofrecen las empresas privadas de tecnología. Esto ha puesto en alerta a defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes por los riesgos que presenta esta práctica a la libertad de expresión, la privacidad y la democracia.
“Casi cualquier cosa que la gente publique en redes sociales puede potencialmente ser usada en su contra. Cualquier publicación en un grupo de WhatsApp o en una página de Facebook puede ponerlos en el radar del ICE”, explica Alberto Fox-Cahn, abogado y fundador del Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia (STOP, por sus siglas en inglés), que aboga por los derechos civiles con un enfoque en la vigilancia gubernamental.
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